25N: Frenan justicia a mujeres, 30% de tentativas de feminicidio se reclasifican en Yucatán

En este reportaje, Iuridae Escalante ofrece un panorama preciso sobre cómo la falta de perspectiva de género, las fallas en la investigación y la reclasificación del delito impiden a las mujeres acceder a la justicia cuando sobreviven a un intento de feminicidio.

Por: Iuridae Escalante

Mérida, Yucatán, a 25 de noviembre de 2025.- La tentativa de feminicidio sigue sin nombrarse ni investigarse con rigor en Yucatán, donde tres de cada diez casos judicializados terminan reclasificados a delitos menores, diluyendo el riesgo mortal que enfrentaron las víctimas. Pese a ser un delito grave en el país y en la mayoría de los códigos penales estatales, su reconocimiento y tratamiento siguen rodeados de vacíos legales y falta de perspectiva de género.

El delito, que es la antesala de un asesinato, ni siquiera aparece en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que para dimensionarla es necesario recurrir a solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia. A esto se suma la constante reclasificación de estos ataques a figuras como lesiones o violencia familiar, lo que invisibiliza que la vida de una mujer estuvo en riesgo.

“Cuando hablamos de tentativa estamos hablando de que hubo un elemento externo que detuvo la comisión del delito. Muchas veces a las autoridades investigadoras y judiciales se les hace más fácil reclasificarlo a delitos donde los elementos son más fáciles de acreditar. Sin embargo, esto es peligroso: la investigación no se sigue con perspectiva de género ni permite evidenciar la violencia sistemática contra la mujer”, explica René Ramírez, abogado y académico.

En el marco del 25N, cifras del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Yucatán revelan que, de noviembre de 2021 a octubre de 2025, se judicializaron 59 carpetas por feminicidio en grado de tentativa y 18 fueron reclasificadas, dejando solo 41 víctimas con procesos por este delito.

De esos 41 expedientes, 19 siguen en proceso; 13 concluyeron en procedimiento abreviado; seis obtuvieron condena en juicio oral; uno fue absuelto; uno tuvo desistimiento y otro no logró vinculación.

Uno de los casos aún en curso es el de Astrid Sánchez, cuyo ataque ocurrió en abril de 2023. Su proceso ha enfrentado múltiples intentos de reclasificación.

“De inicio, la jueza determinó que no era tentativa de feminicidio sino lesiones, minimizando la violencia que sufrí. Me ahorcó una vez, rogué para que me soltara y volvió a sujetarme diciendo: ‘si ya valió madre, mejor termino lo que empecé’. ¿Cuál es la culminación de un intento de estrangulamiento? Para mí es claro: quería acabar con mi vida”, relata.

Tras una apelación, la Primera Sala Colegiada del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán ordenó vincular por tentativa de feminicidio. Aun así, el agresor —identificado como E.M.A.L.— ha llevado el proceso en libertad por la falta de un reglamento local que obligue a la prisión preventiva, pese a que el delito está catalogado como grave a nivel nacional.

Después de más de un año, un tribunal federal rechazó el amparo promovido por el agresor. Sin embargo, en la audiencia intermedia, la defensa intentó un acuerdo para reclasificar el caso y reducir la pena.

“Preguntaron cuánto quería para reclasificar a violencia familiar o lesiones. No aceptamos. Lo que no se nombra no existe, y la tentativa de feminicidio existe y es gravísima. Alguien tiene que ponerla en el mapa para mejorar las políticas públicas”, insiste Astrid.

Ramírez subraya que la raíz del problema está, sobre todo, en la etapa de investigación. “Hay falta de sensibilización y ausencia de perspectiva de género. La Suprema Corte ha señalado que cuando existan circunstancias que aparenten violencia contra la mujer, la investigación debe llevarse bajo ese enfoque”.

En los últimos cinco años, solo seis agresores han recibido pena condenatoria por este delito, con sanciones de entre 12 y 17 años, salvo un caso excepcional de 168 años y 5 meses. La reparación del daño para las víctimas fue de 100 mil pesos.

Para Ramírez, es urgente un trabajo interinstitucional que reconozca la gravedad del delito y garantice acceso a la justicia y no repetición. “Si se ha cometido un hecho que no es violencia familiar ni lesiones en razón de género, hay que nombrarlo como es: feminicidio en grado de tentativa”.

La violencia familiar, en ascenso

En paralelo, la violencia familiar ha aumentado en el mismo periodo: 20 denuncias en los últimos meses de 2021; 125 en 2022; 193 en 2023; 301 en 2024; y 251 en 2025, hasta el último corte. Son 890 denuncias en total, frente a 59 carpetas por tentativa de feminicidio, lo que abre la posibilidad de que agresiones graves hayan sido diluidas bajo tipos penales menores.

“No tener perspectiva de género invisibiliza la violencia contra la mujer. Es una de las complejidades que enfrentan las autoridades ministeriales cuando se trata de este delito”, concluye Ramírez.