Ambas entidades firmaron un convenio mediante el cual intercambiarán experiencias, capacitarán a su personal y desarrollarán materiales accesibles para atender las barreras que enfrenta este sector.
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Comunidades de Tebec, Hotzuc y Petecbiltún mantienen retenes y denuncian que Materiales Ku, Mapsa y Procon quedaron nuevamente sin sellos, mientras crece la tensión por las actividades mineras.
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La Fundación Yansa denuncia un nuevo episodio de criminalización contra la defensa ambiental y advierte que las medidas buscan limitar la actividad pública de su director, quien enfrenta litigios por un megaproyecto inmobiliario en Progreso.
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Somos Periodistas, Igualdad Sustantiva Yucatán, Reflexión y Acción Feminista y Kanan Derechos Humanos se alían para documentar agresiones, restricciones y casos de criminalización contra periodistas, activistas, personas defensoras y comunidades.
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El activista y director de la Fundación Yansa volvió a ser vinculado a proceso en Jalisco por una denuncia de amenazas y enfrenta una nueva carpeta en Yucatán, mientras la SCJN analiza el recurso contra el levantamiento de la suspensión de Ciudad Maderas.
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La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada inauguró la segunda edición del diplomado “Raquel Dzib Cicero”, que capacitará a 40 profesionales para atender casos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.
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El fallo unánime establece medidas para garantizar agua limpia y segura, además de un monitoreo permanente de plaguicidas altamente peligrosos en la región.
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Los dos materiales serán difundidos entre el personal de las 70 dependencias y entidades del Gobierno de Yucatán; al ser cuestionada sobre los casos, Sisely Burgos Cano respondió que “seguramente que sí los hay” y que la situación “se vive en todos lados”, sin precisar una cifra.
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El colectivo Familiares en Búsqueda Xalapa se reunió con el fiscal de Yucatán, Juan Manuel León, y revisó registros de personas fallecidas sin identificar en el Servicio Médico Forense.
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El Consejo Maya Peninsular por la Autonomía acusa al gobierno federal de conducir una “simulación” y sostiene que el proceso para elaborar la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos no representa a las comunidades ni respeta sus formas de organización y decisión
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