Buscan derogar leyes que criminalizan la protesta y la libertad de expresión en Yucatán
La diputada Clara Paola Rosales Montiel presentó una iniciativa para reformar los códigos Penal y Civil, con cambios que buscan proteger a periodistas, activistas y personas defensoras del territorio frente a procesos judiciales por ejercer sus derechos.
Por Redacción
Una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de los códigos Penal y Civil de Yucatán busca impedir que las leyes estatales se utilicen para criminalizar la libertad de expresión, la protesta social y la defensa de la tierra y el medio ambiente.
La propuesta fue presentada este miércoles por la diputada Clara Paola Rosales Montiel, de Morena, luego de que Amnistía Internacional y el Observatorio Peninsular por la Libertad de Expresión y la Protesta (Oplep) entregaran el proyecto legislativo al Congreso del Estado el 24 de octubre de 2025.
Las organizaciones llamaron al Poder Legislativo a aprobar los cambios conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, al advertir que diversas disposiciones vigentes pueden utilizarse para hostigar judicialmente a periodistas, activistas, comunidades y personas defensoras del territorio.
Entre las normas cuestionadas se encuentran los delitos de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, desobediencia y resistencia de particulares, ultrajes a la moral y las buenas costumbres, así como los llamados delitos contra el honor, entre ellos difamación, calumnia e injuria. También se plantea modificar disposiciones civiles relacionadas con el daño moral.
De acuerdo con las organizaciones, estas figuras legales pueden emplearse para presionar o intimidar a quienes denuncian afectaciones ambientales, invasiones territoriales o actividades industriales que perjudican a sus comunidades, además de limitar el ejercicio de la protesta en espacios públicos.
La iniciativa es resultado de un proceso de diálogo entre organizaciones civiles y legisladores. El 23 de octubre de 2025 se realizó el foro Derecho a la Protesta, con la participación de Amnistía Internacional, el Oplep, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y habitantes de comunidades mayas como Sitilpech, Ixil y Santa María Chi.
Posteriormente, el 24 de abril de 2026, el Congreso fue sede del foro Defender Derechos No es Delito, que reunió a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil para dar seguimiento a la propuesta.
El Oplep está integrado por Igualdad Sustantiva Yucatán, Kanan Derechos Humanos, Reflexión y Acción Feminista y Somos Periodistas.
Una exigencia pendiente desde 2022
La reforma también retoma una demanda del gremio periodístico que se mantiene pendiente desde 2022, cuando periodistas de Yucatán comenzaron a impulsar la eliminación de los delitos contra el honor del Código Penal estatal, al considerar que pueden convertirse en mecanismos de intimidación y represalia por investigar, informar u opinar sobre asuntos de interés público.
En 2023, la entonces diputada Fabiola Loeza Novelo presentó otra iniciativa para derogar esas disposiciones. Sin embargo, la propuesta no fue aprobada y posteriormente fue desechada, por lo que los delitos cuestionados permanecieron en la legislación estatal.
Las organizaciones sustentan su exigencia en estándares internacionales que protegen el derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión. Entre ellos mencionan pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos de la ONU contra la criminalización de participantes y organizadores de protestas pacíficas, así como recomendaciones para eliminar normas que penalizan formas legítimas de manifestación.
También invocan el Acuerdo de Escazú, cuyo artículo 9 establece obligaciones para que los Estados garanticen un entorno seguro a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Con la presentación de la iniciativa, la discusión pasa al Congreso de Yucatán, donde las organizaciones buscan que se revisen las disposiciones cuestionadas y se avance hacia un marco legal que permita ejercer la libertad de expresión, el periodismo y la protesta sin criminalización.
