Comunidades mayas exigen administrar su patrimonio arqueológico
Pisté y Telchaquillo piden que la nueva ley indígena reconozca su derecho a administrar Chichén Itzá y Mayapán y participar en los beneficios que generan.
Por David Rico
Mérida, Yucatán, a 14 de octubre de 2026.- Las comunidades mayas de Pisté y Telchaquillo exigen que se reconozca su derecho a administrar el patrimonio arqueológico de sus territorios y participar en los beneficios que generan estos espacios. Su demanda se dirige tanto a las autoridades responsables de Chichén Itzá y Mayapán como al Gobierno federal, ante la elaboración de una nueva legislación en materia de derechos indígenas.
Durante una conferencia de prensa encabezada por el Concejo Indígena de Gobierno de Pisté, representantes de ambas localidades pidieron que la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos incluya disposiciones que garanticen la participación de los pueblos originarios en la administración de las zonas arqueológicas.
Los representantes cuestionaron que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 continúe regulando estos espacios sin reconocer, a su juicio, los derechos de las comunidades a intervenir en su administración y en las decisiones que afectan sus territorios.
Álvaro Mena, asesor de la comunidad de Pisté, sostuvo que considerar las zonas arqueológicas bienes nacionales no debe significar que los pueblos mayas queden al margen de las decisiones sobre lugares que forman parte de su historia y de sus prácticas ceremoniales.
Para las comunidades, explicó, estos sitios no son solamente destinos turísticos, sino espacios vinculados con su identidad y su territorio, cuya importancia trasciende el aprovechamiento económico.
En Telchaquillo, donde se encuentra la zona arqueológica de Mayapán, la principal exigencia es alcanzar un acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que la comunidad participe directamente en la administración del sitio.
Filiberto Martín Uc, presidente del comisariado ejidal, afirmó que el propósito no es sustituir al instituto en sus funciones especializadas, sino establecer un esquema de coadministración que reconozca la participación del ejido.
Para avanzar en esa dirección, solicitó reanudar las mesas de diálogo, formalizar un convenio con la comunidad y obtener por escrito el desistimiento de cualquier procedimiento de expropiación sobre las tierras ejidales. También pidió que cesen las acciones de criminalización contra quienes defienden los intereses de la localidad.
La zona arqueológica de Mayapán permanece cerrada, mientras Telchaquillo mantiene su exigencia de participar en las decisiones relacionadas con el sitio.
Pisté denuncia afectaciones por cambios en Chichén Itzá
En Pisté, el desacuerdo se centra en las modificaciones al acceso de Chichén Itzá y el cierre del parador tradicional, donde en agosto pasado se instaló una base permanente de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán.
Pablo Euán, integrante del Concejo Indígena de Gobierno de Pisté, señaló que las medidas se adoptaron sin consultar a la comunidad y han perjudicado a familias que dependen de las actividades vinculadas con el turismo.
Artesanos, comerciantes, taxistas, mototaxistas y guías de turistas forman parte de los sectores que, de acuerdo con el representante, resienten las consecuencias de los cambios en la operación del sitio arqueológico.
La comunidad también cuestiona que el Centro de Atención a Visitantes (Catvi) se haya convertido en el acceso a la zona arqueológica, mientras el parador tradicional permanece cerrado.
Euán aclaró que el reclamo no implica un rechazo al turismo ni a las medidas de seguridad. La inconformidad, explicó, radica en que las decisiones se ejecuten sin consultar a quienes viven en el entorno de Chichén Itzá y dependen económicamente de sus actividades.
Las estadísticas públicas del INAH registraron 573 mil 112 visitantes entre junio y septiembre de 2026, frente a los 696 mil 363 contabilizados durante los mismos meses de 2025. Esto representa una diferencia de 123 mil 251 visitantes menos en el periodo comparado, aunque las cifras no permiten determinar por sí solas las causas de la disminución.
El conflicto de Pisté continúa por la vía judicial
El Concejo Indígena de Gobierno de Pisté presentó el 26 de mayo un amparo contra el INAH, el Gobierno de Yucatán y el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos (Cultur).
Con el recurso busca impugnar las medidas adoptadas sin consulta, solicitar la reapertura del acceso tradicional y exigir el retiro de la base policial instalada en el antiguo parador.
El 8 de octubre, un tribunal colegiado determinó que los argumentos de la comunidad deberán examinarse al dictarse sentencia. El juicio continúa y el Concejo solicitó al Juzgado Quinto de Distrito en Yucatán que avance en el procedimiento y se pronuncie sobre la suspensión solicitada desde mayo.
Los representantes insistieron en que las decisiones sobre la zona arqueológica y su entorno deben estar precedidas por una consulta libre, informada y de buena fe.
Piden que la nueva ley reconozca su derecho a administrar las zonas arqueológicas
Las demandas de Pisté y Telchaquillo se extienden al marco jurídico federal. Mena recordó que México ratificó en 1991 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobó en 2022 la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, y reformó en 2024 el artículo segundo constitucional para ampliar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
A pesar de estos cambios, consideró que las comunidades todavía no cuentan con una participación efectiva en la administración de los sitios arqueológicos.
El 12 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la iniciativa de la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos aún no sería enviada al Congreso debido a consultas pendientes. Los representantes mayas pidieron que sus propuestas sean tomadas en cuenta durante ese proceso.
Sus principales exigencias son que se reconozca el derecho de los pueblos a administrar su patrimonio arqueológico, que el INAH y los gobiernos establezcan acuerdos con las comunidades para hacer efectiva su participación y que la legislación contemple su intervención en los beneficios derivados de estos espacios.
En Pisté, la comunidad mantiene abiertas las vías del diálogo y la justicia, mientras las próximas acciones se definirán en asamblea. Euán advirtió que las dificultades económicas de las familias podrían influir en las decisiones sobre la continuidad de la movilización.
