A un año de la despenalización del aborto en Yucatán, el Congreso mantiene deuda con los derechos de las mujeres
Hoy se cumple un año de la despenalización del aborto en Yucatán, mientras el Congreso mantiene en la Constitución la protección de la vida “desde la concepción”, una contradicción legal que mantiene incompleta la garantía plena del derecho a decidir.
Por David Rico
Mérida, Yucatán, 9 de abril de 2026.- Este Hoy se cumple un año de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en Yucatán, una reforma que representó un avance histórico en materia de derechos reproductivos; sin embargo, el proceso legislativo permanece incompleto, ya que el Congreso del Estado continúa en desacato al no modificar la Constitución local, debido a la oposición de partidos conservadores, particularmente del Partido Acción Nacional (PAN), que ha impedido alcanzar la mayoría calificada requerida.
El 9 de abril de 2025, el Poder Legislativo aprobó modificaciones al Código Penal que eliminaron sanciones penales para quienes decidan interrumpir un embarazo durante el primer trimestre. No obstante, en esa misma sesión se rechazó la reforma constitucional que buscaba eliminar la redacción que protege la vida “desde el momento de la concepción”, lo que mantiene una contradicción normativa con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La votación de la reforma constitucional obtuvo 22 votos a favor y 13 en contra, insuficientes para alcanzar la mayoría calificada. Los votos en contra provinieron de diputadas y diputados del PAN y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo que impidió armonizar la Constitución estatal con la sentencia federal.
Durante el debate legislativo de hace un año, la entonces diputada panista María Teresa Boehm Calero sostuvo que su bancada votaría en contra al considerar que el Estado debe promover el acompañamiento a la maternidad y proteger la vida desde la concepción, postura que fue cuestionada por organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos.
Tras la votación, colectivas feministas y la denominada Marea Verde que se encontraban en el recinto legislativo gritaron consignas como “¡Desacato!” para señalar el incumplimiento parcial de la sentencia judicial.
A un año de esa decisión, el Congreso de Yucatán continúa sin aprobar la reforma constitucional ordenada por la autoridad judicial, lo que ha derivado incluso en la imposición de sanciones económicas por parte de un juzgado federal a integrantes del Poder Legislativo por incumplimiento de la resolución.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que la resistencia de los partidos conservadores a modificar la Constitución mantiene un marco legal contradictorio, ya que mientras el Código Penal permite la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas, la Constitución estatal conserva una disposición que históricamente ha sido utilizada para restringir los derechos reproductivos.
Señalan que la armonización constitucional no es una decisión política opcional, sino una obligación legal derivada de resoluciones judiciales firmes, y que impedir la mayoría calificada para cumplirlas constituye un acto de desacato institucional.
A un año de la despenalización del aborto en Yucatán, el avance legal permanece incompleto y el cumplimiento de la sentencia judicial sigue pendiente.
