Género y Derechos Humanos

Ahora el Congreso debe legislar para el reconocimiento de identidades no binaries

El Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán señaló que si bien es un avance la aprobación de la iniciativa para que las personas trans puedan hacer su cambio de identidad de género ante el Registro Civil, queda pendiente la discusión del reconocimiento de identidades no binaries.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 28 marzo de 2024.- A través de un comunicado, el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, celebró que al fin Yucatán se ponga a la par del estado vecino de la Península, Quintana Roo y otros estados en asegurar el derecho a la corrección de datos por la vía administrativa en las actas de nacimiento de las personas trans binarias.

“Esto ya era posible en la práctica sin la necesidad de ampararse desde mediados de 2023, pero garantizar este derecho con la Ley de Identidad de Género da certeza jurídica a una de las comunidades más vulneradas”, señaló.

Sin embargo, expuso que queda pendiente la discusión que exhortaron desde 2023 a que el Congreso estatal que aborde el reconocimiento de las identidades no binaries.

“Yucatán apenas se pone al corriente con esta deuda con la comunidad trans cuando más de la mitad del país ya lo garantiza en sus leyes, tal como apenas hace dos años se puso al corriente con el matrimonio igualitario después de casi todo México ya lo había garantizado”, dijo.

Expuso que este logro de hoy es para la comunidad trans yucateca que desde 2018 ha impulsado varias iniciativas de esta ley que hasta ahora habían sido congeladas.

“La lucha sigue para garantizar el acceso a este derecho sin discriminación y para que la comunidad no binarie presente sus propias propuestas para el reconocimiento de sus identidades”, expuso.  

“No olvidemos que el Congreso de Yucatán, tal y como lo hizo con el matrimonio igualitario en 2019, usó de cortina de humo a la comunidad LGBTQ+ para avanzar su propia agenda y que hoy pasó lo mismo con la iniciativa que le quita al Poder Legislativo su rol en el proceso de nombramiento de magistrades al Poder Judicial de Yucatán, misma que impactará en la elección de los perfiles que revisarán los casos de derechos humanos que se lleven hasta la última instancia en el estado”, señaló.

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