“Alto a la minería en nuestro territorio”: comunidades mayas alzan la voz en Palacio de Gobierno

Exigieron la suspensión inmediata de bancos de material pétreo, reconocimiento de emergencia socioambiental y reparación integral por daños a viviendas, salud y territorio; entre 2018 y 2025 se han autorizado más de 60 bancos de material pétreo en Yucatán. 

Por David Rico

Mérida, Yucatán, a 04 de marzo de 2026.- “¡Basta de minería en nuestro territorio!”. La consigna retumbó este martes frente al Palacio de Gobierno en Mérida, donde habitantes de al menos diez comunidades mayas exigieron el alto inmediato a la minería no metálica, el reconocimiento de una emergencia socioambiental y la reparación integral de los daños. 

Denunciaron que la expansión de bancos de material pétreo está dinamitando su territorio, afectando sus viviendas y su forma de vida, sin consulta previa, libre e informada ni consentimiento.

Con pancartas y consignas, habitantes de Xcucul Sur, Tebec, Hotzuc, Yaxcopoil, San José Tzal, Ticimul, Noc-ac, Cheuman, Petecbiltun y Texán Cámara anunciaron la conformación de una Red de Pueblos contra la Minería. “¡Basta de minería en nuestro territorio!”, leyeron en su posicionamiento conjunto.

De acuerdo con la información presentada, entre 2018 y 2025 se han autorizado más de 60 bancos de material pétreo en Yucatán; 10 de ellos en el municipio de Umán. En los tres estados de la península suman 326. 

Las comunidades sostienen que estos proyectos forman parte de una lógica regional de expansión inmobiliaria y de infraestructura que prioriza intereses empresariales por encima de los derechos colectivos.

“Hasta hoy, ninguno de estos proyectos ha realizado un proceso de consulta previa, libre e informada, como exige el derecho nacional e internacional. No cuentan con nuestro consentimiento. Y el consentimiento no es un favor ni una formalidad: es un derecho reconocido a los pueblos indígenas que el Estado está obligado a respetar”, señalaron.

Las afectaciones, afirmaron, ya son visibles y cotidianas: explosiones constantes que generan miedo y estrés en niñas y niños; polvo suspendido que impacta la salud; tránsito permanente de volquetes que pone en riesgo la movilidad; viviendas con rajaduras por las detonaciones; tala de monte, desplazamiento de fauna y daños al patrimonio arqueológico, como, denunciaron, ocurrió en Yaxcopoil.

“Mientras a unos les quitan tierras para megaproyectos o residencias de lujo, a nuestros pueblos nos están dinamitando el territorio. Esta no es una forma digna de vivir”, expusieron.

En el plano legal, recordaron que en Tebec se han interpuesto denuncias ante Profepa y Semarnat; en Xcucul Sur existen demandas ante Profepa y la Secretaría de Desarrollo Sustentable, además de una revisión de amparo en curso; y en el caso del banco de materiales en San José Tzal se promovió un amparo. Sin embargo, acusan falta de respuesta efectiva.

El abogado Jorge Fernández Mendiburu, de la agrupación Utsil Kuxtal, subrayó que se trata de “minería a cielo abierto y explotación de bancos de materiales que está generando graves afectaciones”.

“Todos los pueblos aquí presentes han interpuesto distintos recursos legales, tanto ante autoridades administrativas como judiciales. Sin embargo, en la mayoría de los casos no han recibido respuesta del Estado. Ni la Profepa, ni la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ni el Poder Judicial Federal han respondido a las exigencias de las comunidades”, afirmó.

El activista añadió que existe indignación por lo que consideran una actuación estatal favorable a las empresas. 

“Se mantiene una postura que beneficia a intereses privados, mientras los pueblos enfrentan afectaciones a su territorio, a su libre determinación y a su proyecto de vida, que es distinto al modelo de desarrollo que se impulsa desde el gobierno”, sostuvo.

Las comunidades también recordaron que pueblos de los tres estados de la península han emitido una declaratoria de emergencia socioambiental, al considerar que las afectaciones no se limitan a la minería, sino que incluyen granjas porcícolas, monocultivos y uso de agroquímicos, en un contexto que, aseguran, presenta irregularidades agrarias.

“Como pueblo maya ya hemos decidido: no queremos minería en nuestro territorio. Y esa decisión la tienen que respetar”, concluyeron, al advertir que continuarán organizándose y que llevarán su lucha “hasta las últimas instancias legales, nacionales e internacionales”, para frenar la minería a cielo abierto en sus comunidades.