Política y Gobierno

La legisladora local anunció hoy su renuncia a la militancia del tricolor, luego de ser exhibida y amenazada con recibir sanciones por parte del partido, luego de votar a favor de los financiamientos para el Ayuntamiento de Mérida y para el Gobierno del Estado.
“No quiero hacer política con imposiciones y líneas, como si no valiera el pensar personal. No quiero hacer política pensando solo en el interés de partido o de grupo. La política debe ser siempre velar por el interés de la ciudadanía”.

En la sesión del Congreso se señaló que no existe un proyecto ejecutivo, no se consigna qué dependencia realizará las obras y, en general, se genera el riesgo de iniciar un trámite de endeudamiento sin tener la certeza de que los recursos solicitados serán los suficientes o los necesarios para concluirlo de manera eficiente. Con la autorización del empréstito solicitado la deuda pública a largo plazo ascenderá a 7 mil 979 millones de pesos.

El Congreso del Estado aprobó este día, por mayoría, la solicitud de crédito de 350 millones de pesos del Ayuntamiento de Mérida. Fueron 22 votos a favor y 2 en contra.

Está tarde el alcalde Renán Barrera Concha, sostuvo una reunión con la diputada Vida Gómez Herrera de Movimiento Ciudadano e integrantes de la Comisión Municipal en Mérida de dicho partidol, para dar información del uso y destino del crédito de hasta 350 millones de pesos que se analizará en el pleno del Congreso en próximos días.

Vida Gómez expuso que después de la reunión analizarán los datos proporcionados por el alcalde y tomar una decisión en la sesión del Congreso en próximos días.

La bancada de Morena en el Congreso estatal presentó una denuncia administrativa contra Graciela Torres Garma, quien rindió protesta como magistrada del Poder Judicial sin haber renunciado al cargo de Consejera de la Judicatura.

Consideran que debe ser destituida del cargo e inhabilitada para cualquier otro cargo público.

Tanto el gobernador Mauricio Vila Dosal como el alcalde Renán Barrera enviaron hoy al Congreso del Estado solicitudes para que el Congreso les apruebe contraer financiamientos. El primero quiere 1,725 millones para financiar el transporte eléctrico IE-TRAM y el segundo para infraestructura urbana.
Al tener el PAN mayoría en el Congreso, casi es seguro que las solicitudes de crédito que se pagarán a varios años, serán aprobadas sin mayores problemas.

Con el argumento de que Mérida necesita renovar su infraestructura urbana en calles y espacios públicos que ya están desgastados, pedirá al Congreso autorización para contraer un crédito de 350 millones de pesos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra la reforma judicial de Mauricio Vila Dosal, al considerar que se vulneró la autonomía del Poder Judicial, además de la presión ejercida contra magistrados y magistradas para que se retiraran del cargo.