Con amparo buscan anular nombramiento de magistrado violentador

Colectivas y activistas presentaron ante el Juzgado Quinto de Distrito una demanda de amparo que busca anular el nombramiento de Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova, quien fue designado como magistrado del TSJE por el Congreso de Yucatán, a pesar de tener antecedentes de violencia en contra de mujeres, así como de haber puesto en libertad a al violador de una niña de seis años cuando fue Juez.

Además, señalaron en rueda de prensa que, tanto el Legislativo como el Ejecutivo del Estado podrían incurrir en responsabilidad que sea motivo de juicio político, al vulnerar disposiciones legales con dicho nombramiento.

Por Líneas Emergentes

Mérida, Yucatán, 06 enero de 2024.- Se presentó ante el Juzgado Quinto de Distrito una demanda de amparo que busca anular el nombramiento de Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova, quien fue designado como magistrado del TSJE por el Congreso de Yucatán, a pesar de tener antecedentes de violencia en contra de mujeres, así como de haber puesto en libertad a al violador de una niña de seis años cuando fue Juez.

En rueda de prensa se informó que el amparo fue presentado por 2 colectivas que son la Red de Acompañamiento Yucatán y la Red de Mujeres por la Democracia, además de 14 promoventes, entre las que se encuentran la Ligia Vera, Gina Villagómez, Adelaida Salas, Bertelena Munguia y otras.

El abogado Jorge Fernández Mendiburu explicó que lo que se busca con esta demanda de amparo que se presentó el pasado 04 de enero, es que se reponga el proceso por el cual se designó al magistrado en cuestión.

La demanda de amparo está fundada en dos reclamos. El primero es que se vulnera el artículo 64 de la Constitución Política de Yucatán que establece que todo nombramiento de magistrados se debe de hacer respetando la paridad de género y en este caso la terna que se presentó por parte del Ejecutivo y que avaló el Congreso estatal estaba conformada por tres varones.

“Este argumento es muy importante, porque existe la obligación de cualquier autoridad del Estado Mexicano de respetar la paridad de género”, expuso.

El otro argumento está basado en que se violan el artículo 116 de la Constitución Política del país y el artículo 65 de la Constitución local, los cuales establecen que todo funcionario debe cumplir con tener capacidad, honorabilidad y prestigio, lo cual se violó con el nombramiento en cuestión.

Primero, porque tiene un señalamiento de haber liberado, cuando era juez, a una persona que violó a su hija de seis años, dejado en libertad a la persona, y más tarde otra instancia lo declaró culpable sentenciándolo a 28 años de prisión.

Además, durante el ejercicio de este encargo fue denunciando por violencia intrafamiliar, aunque no exista una sentencia al respecto.

“Con esto vemos que no cumple con el tema de honorabilidad y buena trayectoria y se pone en riesgo la obligación de juzgar con perspectiva de género”, dijo.

Ligia Vera señaló que se espera que el Juzgado de Distrito admita la demanda de amparo, para lo cual intentaron tener una reunión con la juez titular, Grisel Rodríguez Febles, aunque no fue posible. Se buscaba, dijo, explicarle todo el contexto de este tema para que se tomara en cuenta.

Además, dijo que esperarán para ver si se acepta la demanda de amparo y para definir que otra estrategia se llevará a cabo porque, dijo, irán a con todo y a fondo en este caso. El próximo lunes o martes podría definirse si se admite o no el amparo.

Fernández Mendiburu expuso que tanto diputados del Legislativo que avalaron el nombramiento, como el Ejecutivo, podrían estar incurriendo en responsabilidad jurídica y política, al violar preceptos marcados en la Constitución local y en la federal, que además podrían ser motivo de juicio político.