Defender la Ley 3 de 3, una batalla por los derechos de la niñez: Vida Gómez

La diputada local, Vida Gómez Herrera (MC), señaló que la 3 de 3 contra la violencia defiende, ante todo, los derechos de las infancias, por lo que es lamentable la acción de inconstitucionalidad que promovió la CNDH contra la figura del deudor alimentario, pero confió en que la legalidad de la Ley se mantendrá e invitó a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, a seguir levantando la voz para sensibilizar a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (CNDH).

Por David Rico

Mérida, Yucatán, 26 agosto de 2022.- La diputada local, Vida Gómez Herrera (MC), señaló que la 3 de 3 contra la violencia defiende, ante todo, los derechos de las infancias, por lo que es lamentable la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión de Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la figura del deudor alimentario, pero confió en que la legalidad de la Ley se mantendrá e invitó a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, a seguir levantando la voz para sensibilizar a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Aquí lo primero que yo pongo con contundencia es que se trata de una batalla para defender los derechos de los niños y las niñas porque, reitero, el derecho humano que se violenta es el derecho de ellos, porque es un tipo de violencia económica, el que ejercen los deudores alimentarios, porque si no llegan los recursos, no tienen el cumplimiento de sus derechos mínimos”, expuso.

Además, expuso que más de 400 organizaciones a nivel nacional han levantado la voz, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en las redes sociales, con manifestaciones incluso públicas por todo el país para defender la ley que se aprobó en Yucatán, y por unanimidad, hoy también se defiende desde el congreso estatal.

Recordó que la Ley 3 de 3 que fue elaborada, que se trabajó con AMISY y nutrida también por la ciudadanía, contiene dos elementos fundamentales, que son reformas a las leyes de la Comisión de Derechos Humanos, de Institutos y Procedimientos Electorales, de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Código de la Administración Pública, así como a la Constitución Política de Yucatán, en la que se establecieron los requisitos para ser gobernador, gobernadora, diputados, diputadas, etc.

Expuso que esencia de la Ley es que ningún agresor llegue al poder y pone requisitos a cumplir para poder llegar, ya sea a un cargo de la administración publica o cualquier cargo de elección popular, y los requisitos tienen que ver con no ejercer ningún tipo de violencia contra las mujeres y otro de los elementos que pone es no ser deudor alimentario, que es lo que la CNDH impugna con diferentes argumentos, uno de ellos sostener que es discriminatorio porque si el deudor no tiene dinero no podrá pagar.

“Es un argumento, como los demás, muy lamentable, porque se entiende mal los derechos humanos y pone por encima que el deudor tenga un trabajo en la administración pública, pero hay un error, por que en la Ley se estableció que no se puede asumir el cargo si eres deudor, pero si estás al día, pagas y cumples los requisitos, puedes ser candidato en un proceso electoral”.

“Lo que dice es que pagues y cumplas porque ya hay un derecho humano de los niños y niñas a la educación, alimentación y demás”, expuso.

Mencionó que el Congreso de Yucatán ya fue notificado por la SCJN del proceso y está en el trámite de dar respuesta.

“Esperamos que se dicte una resolución en favor de los niñas y niñas; celebro que desde el Senado se haya levantado la voz, visibilizando, exponiendo la decisión que tomó la CNDH, porque lo que busca la Ley es una acción afirmativa, porque muchos conocemos a alguien que no quería pagar o quería pagar menos y se violentan de manera directa los derechos humanos”, dijo.

“Pareciera que la CNDH tomó una decisión con prisa, sin un trabajo conjunto con las organizaciones; la comisión se ha puesto a defender a los deudores y creo que se sienta un precedente negativo, porque la iniciativa es la de ciudadanía y, por donde queramos ver, es muy lamentable la acción de la CNDH”, reiteró.

Vida Gómez confió en que se mantenga firme la Ley y que los violentadores no lleguen al poder y romper con el círculo de corrupción, porque una persona que agrede, cuando llega a un cargo público sigue siendo violentador, pero sigue en el poder para tapar y esto tiene una repercusión legal.

“Le pedimos a la ciudadanía que busquen en redes sociales, a los ministros y ministras, que los etiqueten, que les pidan que el derecho haga justicia para las infancias, y comentar que el modelo de esta ley que aprobó Yucatán está siendo retomada por otras entidades, también acompañados por la ciudadanía, y de este tamaño es lo que se aprobó en Yucatán y sienta un precedente a nivel país”, dijo.