Diputados que frenan aborto en Yucatán podrían ser destituidos

UNASSE advierte que, además de multas, podrían enfrentar juicio político o la intervención de la Suprema Corte para una declaratoria general de inconstitucionalidad.

Por David Rico

Mérida, Yucatán, 23 de agosto de 2025.- La coordinadora jurídica de UNASSE, Amelia Ojeda Sosa, advirtió que las y los diputados conservadores que por segunda ocasión se negaron a modificar la Constitución local para eliminar la “protección a la vida” —norma que sigue obstaculizando el aborto libre y seguro— podrían enfrentar consecuencias más severas que una multa. Entre ellas, mencionó la destitución por medio de un juicio político o que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que emita una declaratoria general de inconstitucionalidad sobre el artículo que el Congreso se ha negado a reformar.

Explicó que estas personas legisladoras no están cumpliendo con su deber, que debería centrarse en identificar y eliminar todo aquello que obstaculice el ejercicio de los derechos. “Sin que nadie se los pida, deberían analizar qué partes del marco normativo van en contra de lo que señala la Constitución federal, de los derechos humanos y de las disposiciones judiciales, y cambiarlas”, señaló.

Lo único que demuestran es que ni saben su trabajo y, por otro lado, violan derechos humanos. Sí, los podemos ver como violadores de derechos humanos”.

Sobre las consecuencias, reiteró que podría haber más, además de la multa por incumplir la orden de la juez de distrito que ordenó eliminar de la Constitución local la protección de la vida “desde el momento de la fecundación”.

La propuesta presentada en el Congreso planteaba reformar el cuarto párrafo del artículo correspondiente de la Constitución local para que quedara de la siguiente manera: “El estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano”. Sin embargo, la fracción de legisladoras y legisladores conservadores votó en contra.

“Habrá consecuencias, sí, pero eso lo tiene que determinar la juez y luego llegar hasta la Corte, porque en caso de un juicio político o destitución no lo decide la juez, pero sí es una posibilidad, aparte de la multa, que esa sí es una realidad”, indicó.

Además, explicó que existen otras acciones legales que podrían llevarse a cabo, como la declaratoria general de inconstitucionalidad: “Si ellos no lo modifican, se buscará que se haga, pero eso lo haría la Corte también”, precisó.

Recordó que, desde el precedente de la Suprema Corte en septiembre de 2021, ya quedó establecido que las entidades federativas no tienen competencia para decidir en qué momento inicia la vida ni para otorgar la categoría de persona al embrión o al feto. “Ya esas partes son inconstitucionales y deberían quedar sin efecto”, subrayó.

La abogada y defensora de derechos señaló que, en términos legales, estos diputados y diputadas no tienen ningún argumento. “Solo lo hacen para mantener esa postura hipócrita de la protección absoluta de la vida”, afirmó.

“Pero si de verdad quisieran respetar la vida tendrían que darse cuenta que el derecho a la vida no solo es estar y respirar, sino tener una vida digna para todas las personas, para quienes ya tienen la categoría y el estatus de persona, que es haber nacido, ser viable y tener su acta de nacimiento. Con ello deberían estar pendientes de las políticas públicas que permitan a todas las personas una vida digna, y no veo que lo estén haciendo”, expuso.

Enfatizó, sin embargo, que el hecho de que no se haya hecho la modificación de la Constitución no impide la prestación de servicios de aborto en Yucatán.

“Aquí lo que se busca es eliminar el mensaje de estigmatización y criminalización social que se manda al tenerlo de esta manera. Sí representa un obstáculo en el imaginario social, como se sigue considerando a las mujeres y personas con capacidad de gestar que toman la decisión de interrumpir el embarazo de forma voluntaria. Y por lo tanto, el Congreso, la bancada del PAN y el diputado del Verde lo único que hacen es obstaculizar el ejercicio de derechos, permitir que se mande este mensaje de estigma y criminalización a las mujeres”, insistió.