Política y Gobierno

Fiscalía Anticorrupción de Yucatán, de las más ineficientes del país

En la entidad la Fiscalía Anticorrupción tiene un presupuesto de millones de pesos y es de las más ineficientes del país, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y de más de 300 investigaciones en dos años, apenas el 4 por ciento de los casos se han llevado ante un juez y no hay ninguna sentencia.

Por Redacción

La Fiscalía Anticorrupción de Yucatán es una de las pocas instancias de este tipo que tiene autonomía presupuestal y tan solo en el 2021 recibió 21.2 millones de presupuesto y este año 19.7 millones, aún así tiene un puntaje que la coloca como “ineficiente”, de acuerdo con el segundo reporte “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción” del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Peor aún, en 2021 obtuvo un puntaje de “regular” y se redujo a “ineficiente” este 2022. Y es que los números reflejan que la dependencia no está funcionando pues no se ha castigado o dictado sentencia prácticamente contra ninguna persona.

En 2020 y 2022 la Fiscalía Anticorrupción inició un total de 328 investigaciones, 214 y 114, respectivamente, pero solo pudo judicializar 10 casos, 5 por año. Además, fueron vinculadas a proceso en 2020 solo 3 personas y ninguna hasta ahora del presente año. Sin embargo, no hay ninguna persona que tenga al día de hoy una sentencia condenatoria.

En cuanto a efectividad y porcentaje de judicialización de casos, la de Yucatán está detrás de las Fiscalías Anticorrupción de Quintana Roo y Campeche; la primera tiene un porcentaje de efectividad de 12 por ciento y la segunda de 9 por ciento.  

También en puntaje general los vecinos estados están arriba de Yucatán, pues mientras la entidad está calificada como “ineficiente”, las de Campeche y Quintana Roo obtuvieron un puntaje “regular”.

En Campeche se iniciaron un total de 530 investigaciones y se logró la judicialización de 26 y con 8 vinculadas a proceso. En Quintana Roo se iniciaron 2 mil 28 investigaciones, con 126 que llegaron ante un juez, 77 se vincularon a proceso y se han dado 12 sentencias condenatorias.

El estudio de referencia es llevado a cabo por el IMCO y la TOJIL, con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en México.

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