Granja de cerdos revive criminalización en Santa María Chi
La granja de cerdos apeló sobreseimiento y busca reabrir el caso contra Wilberth Nahuat, comisario que protege a la comunidad y ya fue exonerado.
Por David Rico
Mérida, Yucatán, a 10 de noviembre de 2025.- La disputa por la defensa del territorio y los derechos humanos en Santa María Chi no da tregua. El Grupo Porcícola San Gerardo presentó una apelación contra la decisión del Juzgado que sobreseyó el caso contra el comisario Wilberth Nahuat, lo que podría reabrir un proceso penal que la comunidad consideraba cerrado.
La comisaría informó que hoy recibieron la notificación del nuevo capítulo del caso. “En fechas pasadas, la Fiscalía determinó no ejercer acción penal y un juez sobreseyó la carpeta correspondiente, lo que daba por cerrado el proceso legal. Sin embargo, la empresa decidió apelar la decisión del juez”, explicaron las autoridades locales. La comunidad se mantiene alerta mientras se analiza la situación y se dará contestación a la apelación.
Cabe recordar que la Profepa dictó una clausura definitiva sobre la granja por los daños ambientales y a la comunidad, aunque, según los pobladores, la empresa nunca acató la resolución y continuó operando, con cerdos entrando y saliendo de las instalaciones.
La Fiscalía de Yucatán resolvió no ejercer acción penal contra el comisario municipal, acusado de presunta privación ilegal de la libertad y despojo de inmueble. Según un comunicado emitido por representantes de la comunidad, la autoridad judicial determinó que los hechos ocurridos durante una protesta pacífica frente a la granja San Gerardo, también conocida como Pecuaria Peninsular, “no constituyen delito alguno”.
Durante la audiencia que concluyó a las 16:56 horas en el Centro de Justicia Oral de Mérida, el juez otorgó el sobreseimiento de la carpeta 334/2024. En ella se acusaba a Wilberth Nahuat por supuestos delitos de despojo de inmueble, interpuesto por la representante legal Beatriz U., y privación ilegal de la libertad, presentada por tres guardias de la empresa.
El propio comisario compartió en redes sociales que el asesor jurídico de la Porcícola San Gerardo, Miguel B., se opuso “rotundamente”, argumentando que “no es procedente, no es viable” conceder el sobreseimiento.
Ahora, la empresa vuelve a la carga, apelando la resolución y continuando lo que la comunidad percibe como un intento de criminalizar la defensa de su territorio y el derecho a una vida sana para las familias mayas.
