Género y Derechos Humanos

Hay en Yucatán 1,145 personas indígenas presas, víctimas del racismo estructural

De las más de 7 mil personas indígenas presas en el país, mil 145 lo están en Yucatán y esto se debe, muchas veces, no solamente a la falta de interprete o abogados, sino por un racismo estructural que les niega el acceso a la justicia y, además, no se observan las especificidades de su cultura, de acuerdo con el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADETI).

Por David Rico

Mérida, Yucatán, 23 agosto de 2022.- De las más de 7 mil personas indígenas presas en el país, mil 145 lo están en Yucatán, debido no solamente a la falta de interprete o abogados, sino por un racismo estructural que les niega el acceso a la justicia y, además, no se observan las especificidades de su cultura, expuso Tomás López Sarabia, presidente del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADETI).

En el marco de la firma de esta agrupación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey), expuso que las tres entidades con mayor población indígena son Oaxaca, donde el 70 por centro de su población se reconoce como tal, Yucatán con el 65 por ciento y Campeche con el 47.3 por ciento.

Dijo que el país ha reconocido desde hace más de tres décadas los derechos de la población indígena pero, aunque haya un marco jurídico amplio, los derechos de la población indígena siguen siendo limitados para cumplirse, particularmente en el sistema de justicia.

Señalo que, de acuerdo a la CNDH, de los más de 7 mil presos indígenas en el país muchos de los juicios no cuentan con las garantías adecuadas, el intérprete, e defensor, o que se observen sus especificidades culturales.

“Hay que recordad que el artículo dos de la Constitución establece no solo el derecho al interprete y el defensor, sino que en algunos casos hay situaciones que forman parte de la cultura y que no un delito; por ejemplo, el consumo de alimentos propios de las comunidades que no son un delito, y sí para las leyes mexicanas y, en este sentido, se establece que se observen estos elementos culturales al momento de juzgar a una persona indígena”, expuso.

En Yucatán, dijo, son mil 145 personas indígenas presas y expuso que aunque en la entidad se ha avanzado con el tema de los intérpretes, a éstos no se les garantiza una estabilidad laboral ni una actualización.

“Si para la población en general es difícil acceder a la justicia, cuando se trata de población indígena es mucho mayor para poner una denuncia, por ejemplo; no únicamente estamos ante barreras u obstáculo de la lengua o la cultura, sino de desigualdad, hay personas que no tienen para sufragar este tipo de gastos para llegar y poner sus denuncias y no hay interpretes”, agregó.

Reiteró que no es solo un tema de intérpretes, son temas estructurales, porque las personas indígenas no tienen las condiciones para acceder al sistema de justicia.

Además, dijo que en el país se está observando que se está dejando de hablar las lenguas indígenas por un racismo establecido y “el problema no es el indígena sino las instituciones que no han logrado adecuarse al mismo marco normativo que ellas han establecido”.  

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