Impunidad, despojo y contaminación en Ixil, Chablekal, Kinchil y Chapab
Comunidades mayas exhiben omisiones de autoridades ante deforestación, granjas porcícolas y privatización de tierras comunales.
Por Redacción
Mérida, Yucatán, a 02 de marzo de 2026.- Colectivos mayas de distintas comunidades de Yucatán hicieron público un balance de los avances y obstáculos que enfrentan en la defensa de su territorio, en un contexto marcado por la expansión de proyectos inmobiliarios y agroindustriales, así como por la falta de respuestas eficaces de las autoridades ambientales y agrarias.
En Chablekal, habitantes organizados denunciaron que, a casi un año de la deforestación ilegal en los montes de Misnebalam, las investigaciones siguen sin resultados. Aunque se interpusieron denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no se ha identificado a los responsables del daño ambiental ni de la afectación al patrimonio arqueológico de la zona.
En paralelo, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 34 aún no ha determinado formalmente la violación de medidas cautelares que ordenaban respetar la posesión comunitaria del territorio, pese a que un actuario ya constató la deforestación en el sitio.
En el poniente del estado, el colectivo Cantukún, en Kinchil, expuso que lleva más de una década litigando el despojo de tierras ocupadas hoy por una empresa porcícola, donde realizan actividades de subsistencia como la apicultura.
Denunciaron que el tribunal agrario ha limitado el análisis del caso a lo estrictamente agrario, sin considerar los impactos socioambientales de las granjas, señaladas por comunidades como focos de contaminación. Además, acusaron irregularidades procesales que ponen en riesgo una revisión integral del despojo, lo que, a su juicio, profundiza la desigualdad y las asimetrías de poder frente a intereses empresariales.
Otro de los frentes de defensa se centra en la Norma Técnica Ambiental que regula las granjas porcícolas en Yucatán, emitida en 2022 por la Secretaría de Desarrollo Sustentable estatal durante el gobierno de Mauricio Vila Dosal. Colectivos de Chapab y Kinchil impugnaron la norma por no haber sido consultada con las comunidades mayas ni exigir a las empresas procesos de consulta previa.
Tras el rechazo inicial de un amparo por falta de “interés legítimo”, el caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde será analizado por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra. Las comunidades anunciaron que buscarán dialogar con ministras y ministros para exponer cómo la norma impacta directamente en su territorio y en su derecho a decidir.
En Ixil, comuneros informaron un avance relevante: tras más de dos años de retrasos, finalmente se abrió un juicio agrario contra un acta de asamblea que privatiza más de cinco mil hectáreas de tierras de uso común. El proceso había sido obstaculizado de manera reiterada por el comisariado ejidal mediante cambios constantes de abogado y ausencias a audiencias. El tribunal lo declaró en rebeldía luego de que se presentaran justificantes médicos presuntamente falsificados, hechos por los cuales se solicitó a la Fiscalía General de la República iniciar una investigación penal.
Las y los comuneros también señalaron la intervención de la Fundación Yansa, encabezada por Sergio Oceransky Losana, a quien acusan de brindar asesoría que ha contribuido a frenar el juicio. Para el colectivo, estas prácticas terminan beneficiando a intereses inmobiliarios que avanzan sobre tierras comunales en la Península.
Las organizaciones coincidieron en que, aunque existen pequeños avances judiciales, persiste un patrón de omisiones institucionales que debilita el acceso a la justicia de los pueblos mayas. En ese contexto, exigieron investigaciones reales por los daños ambientales, el respeto a las medidas cautelares agrarias, el reconocimiento de los impactos socioambientales del modelo porcícola y el respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada.
Para las comunidades, la defensa del territorio no es solo una disputa legal: es la defensa de su forma de vida, su patrimonio biocultural y su derecho a decidir sobre el futuro de sus tierras.
