Indígenas y población LGBTTTIQ+, víctimas del uso y abuso de la prisión preventiva

José Luis Gutiérrez, director de la agrupación AsiLegal, destacó que uno de los principales problemas de las poblaciones indígenas y LGBTTTIQ+ que están en conflicto con la ley es la invisibilización, pero también el uso y abuso de la prisión preventiva a la que son sometidas.

Por David Rico

Mérida, Yucatán, 03 diciembre de 2023.- El uso y abuso de la prisión preventiva es una constante para las poblaciones indígenas y LGBTTTIQ+, así como la invisibilización dentro del sistema de justicia y penal del país, destacó José Luis Gutiérrez, director de la agrupación AsiLegal.

Durante la presentación del “Informe sobre racismo y discriminación racial en el sistema de justicia en México” que se llevó a cabo en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), el representante de AsiLegal expuso que en todo el país hay más de 230 mil personas presas, de las cuales el 42 por ciento se encuentra en prisión preventiva y poco más de la mitad tiene una sentencia.

En el caso de la población indígena, destacó que en los Centros de Reinserción Social de México hay 7 mil 763 personas, de las cuales solo unas 4 mil 200 están sentenciadas, es decir, que más de 3 mil 500 personas no tienen una sentencia.

En Yucatán, dijo, hay mil 662 personas privadas de su libertad, de las cuales 337 son indígenas, es decir, el 20.2 por ciento. De esta población penitenciaria indígena en la entidad 105 están en prisión preventiva y 232 sentenciadas. Hay cinco mujeres de este segmento de la población en los penales del estado.

Sin embargo, expuso que puede haber un subregistro porque el Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social ha reportado las 7 mil 763 personas mencionadas, pero el último censo penitenciario reporto 41 mil 523 personas, por lo que hay una disparidad en las cifras.

“Y esto se debe a que cuando una persona está en conflicto con la Ley sufre la presión de la fiscalía y del mismo defensor para que no se asuma como persona indígena, porque el proceso va ser más lento y demás, y lo incitan a que se desista de decir que es una persona indígena”.

“Además, el indicador para decir que son 7 mil 763 personas es la parte lingüística, es decir, si habla alguna lengua y el censo contempla más un contexto de autopercepción”, dijo.

En el caso de la población LGBTTTIQ+ hay 32 personas privadas de su libertad en Yucatán, de las cuales 6 son lesbianas, 19 bisexuales, 11 gays y 3 personas transgénero.

“Y los principales problemas de estos grupos tienen que ver con la invisibilidad, no son visibles; hay entidades, incluso, donde las poblaciones LGBT son separadas por activos y pasivos y eso implica mayor violencia y discriminación”.

“En el contexto de acceso a la justicia las principales problemáticas el uso de y abuso de la prisión preventiva y también todas las peripecias que pasan por el reconocimiento a la identidad cultural y de género. Desde que son detenidas y empieza el calvario”, comentó.

Explicó que las personas indígenas, mayormente, son víctimas de prisión preventiva, porque viven en otros lados que no es la comunidad, la cabecera, y pone como una prisión preventiva justificada el que podrían huir de la justicia.