Información reservada sobre Tren Maya contraviene Acuerdo de Escazú: Rojas

Por Daniela Reyes / Causa Natura Media 

La organización CartoCrítica, en alianza con otras organizaciones, se dedicó a investigar los impactos ambientales del Tren Maya y denunció que 6 mil 658 hectáreas de selva han sido deforestadas por su construcción, la mayoría (87%) sin autorización de cambio de uso de suelo forestal, pese a que es información que continúa reservada por el Estado por considerarla de seguridad nacional.

Dolores Rojas, coordinadora de programas de la Fundación Heinrich Böll México, señala que reservar información de proyectos como el Tren Maya es una contradicción con el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional del cual México es firmante, en el que se establece que el Estado debe garantizar el derecho a la información y promover la participación en la toma de decisiones en asuntos ambientales.

“Lo que sí hay son consecuencias como no poder medir impactos, prever cosas porque no tienes la información completa. Y eso con el Acuerdo de Escazú se contradice en términos de qué Escazú habla del derecho a la información, del respeto a los defensores del territorio, de la participación en la toma de decisiones, etcétera. Tener información es un principio básico para cualquier otro de los derechos que quieras ejercer”.

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) calificó como inconsistente la información hecha pública sobre el Tren Maya.

Ante esto, las organizaciones sostienen que los datos se sustentan en evidencia satelital e insisten en que la información ambiental reservada por seguridad nacional es un obstáculo para la gestión oportuna e integral del entorno.

A través de esta experiencia se hizo evidente los huecos de información que el Estado genera, pese a ser un sujeto obligado de informar sobre sus acciones y justificarlas en público, señaló Rojas.

Antecedentes de alianzas para hacer accesible información ambiental

“Todos los gobiernos reservan información y tienen sus proyectos consentidos que los van a llevar a cabo sin importar que les cueste sangre, sudor y lágrimas”, opina Rojas, y es por eso importante para ella que la sociedad tenga claras sus metas a largo plazo, “porque los gobierno vienen y van”.

De esta forma, esta alianza de organizaciones busca “poner información abierta/pública que permita tomar decisiones a quien tenga que tomarlas, ya sea a quienes habitan en los territorios, a las comunidades o a las autoridades porque es información que también le sirve a las autoridades de todos los órdenes desde el municipio hasta las autoridades federales”, según Rojas.

En el pasado han hecho accesible y sistematizado información que debía ser pública, por ejemplo, las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) de las concesiones mineras y el mapa de ductos de hidrocarburos en México.

“Es justo responsabilidad de la ciudadanía allegarse de la mejor información, allegarse de gente con experiencia, gente especializada y sobre todo que escucha a la gente de los territorios donde se llevan a cabo los proyectos para hacerse de una opinión informada, una opinión no superficial”, señaló.

En esta ocasión se puso sobre la mesa información pública y un mapa interactivo para generar un debate y que cada quien saque sus conclusiones sobre los impactos del Tren Maya. 

Sin embargo, Rojas lamenta que, con la respuesta de las autoridades este debate esté “inmerso en una no discusión, sino en una situación política que contamina cualquier análisis”.

Aquí se puede consultar el Análisis de la deforestación y gestión forestal hasta junio de 2023.

Este artículo se publicó originalmente en Causa Natura Media.