Justicia para las mujeres exige aplicar leyes, juzgar con perspectiva de género y redistribuir los cuidados

En foro por el 8M organizado por el Sindicato Único de los Trabajadores Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial del Estado de Yucatán, especialistas, legisladoras y lideresas sindicales coincidieron en que el acceso real a la justicia también pasa por redistribuir los cuidados, prevenir la violencia y eliminar barreras que hoy dejan a muchas mujeres fuera del sistema de justicia.

Por David Rico

Mérida, Yucatán, a 10 de marzo de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, especialistas, legisladoras y lideresas sindicales coincidieron en que uno de los principales retos para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia no es crear más leyes, sino asegurar que las existentes se apliquen, juzgar con perspectiva de género y atender factores estructurales como la sobrecarga de cuidados.

Estas reflexiones se dieron durante un foro organizado por el Sindicato Único de los Trabajadores Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que reunió a representantes del ámbito judicial, legislativo y sindical para analizar los obstáculos que enfrentan las mujeres cuando buscan justicia.

Al dar la bienvenida, el secretario general del sindicato, Renán Puc Chi, destacó la importancia de abrir espacios de diálogo para reflexionar sobre los temas que impactan directamente en la vida de las mujeres y en el funcionamiento del sistema judicial.

Señaló que discutir cómo mejorar el acceso a la justicia es fundamental, especialmente en un contexto donde persisten desigualdades y violencias que afectan a las mujeres, por lo que encuentros de este tipo permiten intercambiar experiencias, propuestas y compromisos desde distintos ámbitos.

Uno de los planteamientos centrales del foro fue expuesto por Margarita López, presidenta del Comité Interamericano de Mujeres de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), quien participó de manera remota.

Durante su conferencia subrayó que el cuidado, históricamente asumido por las mujeres, debe reconocerse como un derecho humano y dejar de verse como una responsabilidad exclusiva de las mujeres.

Explicó que, en muchos casos, las mujeres no quedan fuera del acceso a la justicia por falta de derechos en la ley, sino por una exclusión material relacionada con la falta de tiempo, ingresos, servicios de cuidado, apoyo institucional y protección frente a la violencia.

“Una mujer que teme perder su empleo o que debe escoger entre asistir a una audiencia o cuidar a su familia, no tiene acceso real a justicia”, afirmó.

Por ello, insistió en que el cuidado debe reconocerse como un derecho humano y redistribuirse, trasladando parte de esa carga desde las familias hacia servicios públicos a cargo del Estado. En ese sentido destacó el fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que confirmó la existencia del cuidado como un derecho humano.

Desde el ámbito legislativo, la diputada local Nayda Pat Dzul señaló que las leyes deben responder a necesidades reales y analizarse a fondo antes de aprobarse, evitando que se elaboren “al vapor”.

Advirtió que también es indispensable que las normas se apliquen y que las personas juzgadoras actúen con perspectiva de género. Como ejemplo mencionó la Ley Alina, aprobada en el Congreso de Yucatán para reconocer la legítima defensa en mujeres que causan lesiones o la muerte a su agresor, pero que hasta ahora no se ha aplicado.

La legisladora agregó que la sociedad también debe mantenerse vigilante del trabajo de las autoridades para garantizar que las personas funcionarias públicas actúen con compromiso hacia una justicia con enfoque de género.

Por su parte, Natalia López López, secretaria general del STIRTT, sección Mérida, habló de los retos que enfrentan las mujeres para acceder plenamente a la justicia y relató que, en su trayectoria para convertirse en lideresa sindical, enfrentó violencia política de género.

Señaló que, en muchos espacios, las mujeres deben realizar mayores esfuerzos que los hombres para alcanzar posiciones de liderazgo y con frecuencia son relegadas de los puestos de decisión, pese a tener las capacidades para ejercerlos.

Coincidió en que se requieren leyes que respondan a necesidades reales y que las autoridades cumplan con su responsabilidad, al tiempo que subrayó que la lucha por erradicar la ideología machista sigue siendo una tarea diaria.

En el ámbito judicial, Iliana Álvarez de la Cruz, juez de Control de Umán, sostuvo que el país cuenta con suficiente legislación en materia de derechos de las mujeres, pero el desafío está en aplicarla de manera efectiva.

Subrayó que es necesario que las y los funcionarios públicos se comprometan con la materialización de la igualdad sustantiva y que cada persona actúe desde su ámbito de responsabilidad para mejorar el acceso a la justicia.

También enfatizó la importancia de fortalecer la prevención del delito y de juzgar sin estereotipos ni discriminación, además de garantizar que las y los juzgadores cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar su labor con perspectiva de género.

El foro se realizó en las instalaciones del STIRTT y, al finalizar, las participantes recibieron un reconocimiento por parte del sindicato organizador.