Lo ocurrido en la marcha del 8M fue violencia institucional

La diputada Larissa Acosta Escalante denunció violencia institucional ejercida contra las mujeres que participaron en la marcha del 8 de marzo en Mérida, y, señaló que el actuar del Estado no solo fue desproporcionado, sino que constituye una violación a los derechos humanos.

Por Redacción

Mérida, Yucatán a 11 de Marzo de 2025.- “La protesta es la respuesta al dolor. Cuando una madre busca a su hija desaparecida, nadie le puede pedir que lo haga en silencio. Y cuando las mujeres exigen justicia por la violencia que viven todos los días, la respuesta no puede ser gas lacrimógeno y agua a presión”, expuso la representante ciudadana Larissa Acosta Escalante al hacer uso de la tribuna.

Acosta Escalante denunció violencia institucional ejercida contra las mujeres que participaron en la marcha del 8 de marzo en Mérida, y, señaló que el actuar del Estado no solo fue desproporcionado, sino que constituye una violación a los derechos humanos.

Desde tribuna, la Legisladora, hizo un llamado a los funcionarios y funcionarias públicas para que comprendan, que, lo sucedido fue una manifestación de violencia estructural.

Recordó que en Yucatán el 71.4% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género y que seis de cada diez niñas han enfrentado abuso, muchas veces dentro de sus propios hogares.

«Pese a las cifras alarmantes, el Gobierno, Estado responde con represión en lugar de con justicia.

Yo misma vi cómo una mujer fue lanzada por la fuerza del agua, cómo nos gritábamos entre nosotras para saber si alguien tenía agua limpia porque no podíamos respirar por el gas. Pero lo más indignante es que mientras las pipas de bomberos se usaban para reprimirnos, una familia esperaba que llegaran a apagar un incendio. Ahí están las prioridades del Estado”, relató Acosta,

La integrante de la bancada naranja, describió como mujeres fueron atacadas con agua a presión y gas lacrimógeno por cuerpos policiales estatales, recordando que el uso de la fuerza contra manifestantes no solo es innecesario, sino que contradice los estándares internacionales de derechos humanos, ya que existen protocolos internacionales que establecen cómo el Estado debe acompañar una protesta, garantizando seguridad sin represión.

“Aquí no falta información, lo que falta es voluntad política. La violencia institucional no solo ocurre en las calles, sino también dentro del sistema de justicia. Hace unos años, cuando denuncié abuso sexual y me informaron que el dictamen psicológico tardaría seis meses en realizarse, me di cuenta que si la justicia llega tarde, no es justicia. Si el Estado, en lugar de garantizarla nos violenta, entonces nos demuestra que sigue sin comprender el problema de género en Yucatán”, agregó.

“El Estado tiene que acompañar, tiene que escuchar y tiene que generar compromisos. No basta con quedarnos en el discurso de condenar la violencia, tenemos que construir respuestas reales y garantizar que esto no se repita.”