Más de 1,000 violaciones a derechos humanos se registraron en 2021

Por David Rico

Mérida, Yucatán, 24 febrero de 2022.- En su informe ante el Congreso estatal, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Miguel Oscar Sabido Santana, dijo que se recibieron en 2021 un total de 2 mil 531 solicitudes de intervención, casi 7 al día, en las oficinas de Mérida, así como en las delegaciones de Tekax y Valladolid.

De las anteriores, se registraron un total de 1,010 hechos violatorios de derechos humanos. Los 10 más señalados son: prestación indebida de servicio público, detención arbitraria; lesiones; amenazas; robo; violación al derecho de los menores a que protejan su integridad; intimidación; violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica; trato cruel, inhumano o degradante; dilación en la procuración de justicia; y retención ilegal.

Son 78 autoridades señaladas como  presuntas responsables de violaciones a derechos humanos, las 10 más señalados fueron: Secretaría de Seguridad Pública del Estado; Fiscalía General del Estado de Yucatán; Ayuntamiento de Kanasín; Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay); Ayuntamiento de Mérida; Secretaría de Salud de Yucatán;  Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán; Tribunal Superior de Justicia y los ayuntamientos de Progreso y Celestún.

Durante el periodo que se informa, se emitieron 31 recomendaciones a 20 autoridades diferentes. Las autoridades más recomendadas fueron: el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán tuvo 13 recomendaciones; el Secretario de Salud del Estado, el Fiscal General del Estado, la Junta de Gobierno del Hospital Comunitario de Ticul y el Ayuntamiento de Izamal, obtuvieron dos recomendaciones cada una.

Recibieron una recomendación el secretario de Educación del Gobierno del Estado, el director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, así como los Cabildos de Chichimilá y Río Lagartos; y Presidentes Municipales de Celestún, Espita, Hunucmá, Kanasín, Muna, Progreso, Sucilá, Umán, Tixkokob y Valladolid.

Además, 126 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados por violaciones a derechos a través de amonestaciones, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas del cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos, el año pasado esta cifra fue de 54 funcionarios.

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