Mérida, epicentro de las detenciones arbitrarias y abuso policial en Yucatán

Por David Rico

Mérida, Yucatán, 04 junio de 2022.- La agrupación Elementa Derechos Humanos destaca que Mérida es el municipio de Yucatán que más detenciones concentra, el 80 por ciento, con hechos violatorios consistentes en amenazas, lesiones, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes atribuidos.

En el documento “Intolerancia selectiva: historias de detención arbitraria y abuso policial en Yucatán”, destaca que, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021, la capital del estado es donde más personas fueron puestas a disposición pues el 75 por ciento de las personas detenidas lo fueron en Mérida.

Con datos de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (CODHEY) sobre los lugares donde se registraron más denuncias entre 2008 y 2022, apuntan que, del 80 por ciento de los hechos denunciados en la entidad, por violaciones consistentes en amenazas, lesiones, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes atribuidos a personal de la SSP, el 80 por ciento ocurrieron en Mérida.

En este sentido, de acuerdo con la muestra, mil 488 casos de este tipo se dieron en Mérida, 127 en Progreso y 68 en Kanasín; el restante 20 por ciento de las quejas (400) ocurrieron en los diversos municipios del estado.

El estudio presentado por la agrupación revela las violaciones a derechos humanos cometidas en nombre de la seguridad en el estado de Yucatán, donde se destaca que la presencia policial y militar ha ido en aumento desde 2010. En ese entonces existían 3,762 cuerpos policiales desplegados, los cuales aumentaron a 4,932 para 2016 y a5,290 en 2020. Esta cifra lo posiciona como el tercer estado con la tasa más alta de elementos de la policía preventiva de las instituciones de seguridad pública estatal por cada 100,000 mil habitantes. 

Para realizar este documento, desde Elementa se documentaron 24 testimonios de detenciones arbitrarias y abusos policiales que ocurrieron entre 2011 y 2021.

“Las historias visibilizan las violaciones a derechos humanos que ocurren en el marco de dicha estrategia y evidencian patrones de discriminación contra ciertas personas por parecer “sospechosas”. Además, se complementa con un análisis de datos que obtuvimos a través de solicitudes de información vía transparencia a instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y la Fiscalía General del Estado (FGEY)”, señala.

Para  2020  Yucatán  fue  el  estado  que  más  personas  puso  a  disposición  ante  un  juez  o ministerio público con 194,438 puestas a disposición. De las cuales, el 74.3%fue por presunta comisión de una falta cívica. La mayoría tuvieron lugar en Mérida y se registraron en vía pública. El registro de información realizado por la SSP presenta graves deficiencias pues no detallan el tipo de faltas y/o delitos por los que fueron puestas a disposición. Esto nos da una idea del amplio nivel de arbitrariedad con que puede detener la policía y poner a disposición a una persona.

De acuerdo con resultados de la encuesta realizada por ELEMENTA DDHH, el 91.6% veintidós (22) de las personas que fueron entrevistadas consideran que la discriminación es un factor determinante al momento en que las autoridades detienen a una persona sin razón aparente.

Se identifica un patrón de discriminación que motiva las detenciones arbitrarias. Ésta es otro medio de control de seguridad ampliamente utilizado en Yucatán.

Dicho patrón incluye discriminación por motivos de género, raza, etnia, clase, preferencia sexual, vestimenta y es el móvil de las detenciones y el criterio principal de la policía para establecer qué persona es sospechosa en ciertos espacios. Esto configura una intolerancia selectiva bajo  la  cual  opera  la  política  de seguridad en Yucatán, lo que ha resultado en prácticas discriminatorias y vulneraciones a derechos humanos.

El caso José Eduardo

El caso José Eduardo Ravelo sigue siendo emblemático en este tema de la discriminación y abuso policial. El documento recuerda que el 21 de julio de 2021 policías municipales de Mérida detuvieron arbitrariamente al joven de 21 años de origen veracruzano.

La razón que argumentó la policía para su detención fue la de incumplir el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida; fue detenido a las 10:18 am y transcurrieron más de dos horas para que fuera puesto a disposición ante el Ministerio Público. En ese lapso, así como después de ser puesto a disposición, José Eduardo Ravelo fue sometido a actos de tortura derivada del uso excesivo de la fuerza y violación sexual.

Las lesiones físicas que derivaron del abuso policial, provocaron su muerte a causa del politraumatismo y del síndrome de disfunción orgánica múltiple. El joven falleció el 03 de agosto de 2021.

La FGE negó la responsabilidad de la policía e indicó que su muerte se debió a una neumonía. De acuerdo con lo señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos: José Eduardo Ravelo fue asesinado por la policía de Mérida: “este Organismo Nacional estima que las personas servidoras públicas adscrita a la Policía Municipal, incurrieron en un uso excesivo de la fuerza que derivó en tortura y posteriormente la pérdida de la vida” (CNDH. Recomendación No. 50 VG/2022, p. 104).

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