No a la criminalización de lesbomaternidades; exigen justicia para Julissa

Por Cecilia Abreu

En días pasados, la abogada Dariana Quintal, en entrevista para Líneas Emergentes, denunció que el 26 de octubre Julissa fue víctima de discriminación por su orientación sexual por parte de una trabajadora social del Hospital General Agustín O’Horán, así como otros tipos de violencias, hasta el punto de quitarle a su hija recién nacida y a su hijo de seis años.

Conforme declaró, fue la trabajadora social quien comenzó a cuestionar a Julissa y, tras conocer su orientación sexual, indagó sobre “el ejemplo” que le daría a la niña, culminando con la retención de la recién nacida; “ella consideró que Julissa por el hecho de ser lesbiana no es apta”, refirió la abogada, por lo que le informaron que sería dada de alta, pero su bebé sería entregada a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay), enviándola al Centro De Atención Integral Al Menor En Desamparo (Caimede).

Así, la trabajadora social continuó cuestionando a la madre, hasta identificar que su hijo de seis años no estaba registrado y, a los ojos de la abogada, eso se convirtió en el pretexto perfecto para quitarle también al niño. Fue entonces que, con engaños, aseguró la abogada, hicieron que Julissa se presente con el niño ante la Prodennay, alegando que le harían un diagnóstico psicológico; sin embargo, al llegar también le quitaron al niño, señalando que era víctima de maltrato y que la madre consumía drogas, a pesar de que cuentan con los exámenes que demuestran lo contrario.

“Entonces Julissa empieza a dar las vueltas, así recién parida para recuperar a los dos niños”. Lamentó que la madre tuviera que acudir incluso a hacer labores de chapeo y como ayudante de albañil, pues le dijeron que requería una carta de antecedentes no penales, un antidoping y una constancia laboral y requería el dinero para obtener dichos papeles.

Hicieron esto, dijo, a sabiendas de que no le entregarían a sus hijxs: “la Prodennay ya había iniciado un proceso legal, había presentado una denuncia a la Fiscalía por supuestos maltratos e incluso la señalan como drogadicta […] por donde le busques hay una violación a los derechos de Julissa y de los niños”.

“Es un caso de discriminación total y criminalización a la pobreza, criminalización a su orientación sexual; ¿quiénes son estas personas para decidir quién y bajo qué circunstancias puede ser madre y quién no?”.

La condena a los actos de discriminación y criminalización por orientación sexual

Desde la Secretaría de Derechos Humanos e Inclusión Social de Movimiento Ciudadano, se posicionaron ante los hechos denunciados, refiriendo: “condenamos los presuntos actos de discriminación y criminalización por motivos de orientación sexual diversa y expresión de género que está viviendo Julissa Chuuc Haas en un entorno heteronormado y patriarcal por parte de personal del Gobierno de Yucatán“.

“Se hace un llamado urgente al DIF Yucatán, representado por su directoral general María Teresa Boehm Calero, así como a la Procuradora Lic. Teresita de Jesús Anguas Zapata, y al director del CAIMEDE Lic. Jorge Marcelo Romero Hoyos, para aclarar y resolver esta situación que afecta a la Sra. Julissa Chuuc Haas y su familia, con absoluto respeto al interés superior de la niñez y sin incurrir en discriminación de ningún tipo. Se exhorta al gobernador Mauricio Vila Dosal a reforzar acciones para garantizar que en la administración estatal se observe puntualmente el respeto a los derechos humanos de todas las personas, pues de nada sirve la expedición de leyes y criterios en la materia si no son cumplidos por quienes implementan las políticas públicas”.

Refirieron también que el Artículo 1 de la Constitución Política del país tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y, en este caso, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones ocurridas en los términos de la ley.