Ocultan cifras de feminicidio, “les asusta la palabra, no quieren un Yucatán feminicida”: AMISY

Integrantes de AMISY presentaron cifras que señalan que en lo que va del año ya son 4 feminicidios y dos tentativas de feminicidio, mientras el año pasado fueron 6, pero las cifras oficiales ocultan esta realidad. Señalaron también la necesidad de que se aplique en Yucatán la Ley Monzón, para quitar de inmediato la patria potestad a los feminicidas.

También demandaron a la Fiscalía del Estado información sobre los avances del caso de violencia digital que se dio en la Universidad Anáhuac Mayab y si se castigó a los culpables.

Por DRV

Las integrantes de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva (AMISY) presentaron datos de su observatorio, el cual revela que en lo que va del año van 4 feminicidios y 2 tentativas de feminicidio, mientras el año pasado se presentaron 6 feminicidios, pero las cifras oficiales ocultan esta realidad.

María Eugenia Núñez Zapata dijo que en los datos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública se ocultan las cifras, porque las clasifican como homicidios dolosos y culposo de mujeres.

“Pero para nosotros son mujeres asesinadas, feminicidios, independientemente de la clasificación jurídica; tratan de enmascarar, le tienen miedo a la palabra y a las cifras de feminicidio, no quieren un México feminicida y no quieren un Yucatán feminicida”.

Además, se informó que se presentará una solicitud al Fiscal General del Estado, Juan Manuel León León, para que informe del avance de las investigaciones en el caso de violencia digital que se dio contra mujeres estudiantes de la Universidad Anáhuac Mayab.

Silvina Contreras Capetillo, recordó que AMISY presentó una denuncia, como terceras interesadas, y pidieron que les dieran parte de la investigación y no han sido ni requeridas ni informadas, por lo que entregarán una solicitud a la dependencia

“Es una solicitud de respuesta y difusión de la resolución en contra de los responsables de la rede de violencia digital del caso Anáhuac Mayab”, expuso.

En otro tema, la señora Ligia Canto Lugo, madre de Emma Gabriela, víctima de feminicidio el 27 de marzo del 2017, levantó la voz para que se aplique la Ley Monzón, ya aprobada en Pueblo, en el territorio yucateco, para que se les quite de inmediato la patria potestad a los feminicidas.

Recordó que en su caso, a pesar de la muerte de su hija y de que el feminicida que fuera su esposo, Martín Medina Sonda, quien ordenó el asesinato desde el penal de Tabasco, ya está sentenciado a 50 años y con todas las pruebas, no se han resuelto juicios relacionados con el incumplimiento de la pensión alimenticia y el juicio para la protección de los menores tardó más de 4 años.

Dijo que en el caso de su hija hay una evidencia clara y reiterada de violencia institucional, incluso de manera póstuma pues a pesar de 6 años de distancia del feminicidio es un caso que no se cierra.

“Desde AMISY en Yucatán se propone que se apruebe y se aplique la Ley Monzón es algo muy importante que se aplique y que se visibilice que esto ya se debió haber hecho y no poner en riesgo a los menores”.

“Es inaceptable que en Yucatán los feminicidas mantengan el poder legal para exigir y obligar a que los huérfanos continúen expuestos, revictimizándolos”, señaló.

En otra de las propuestas de AMISY, se presentará una solicitud al Instituto Electoral para que en el próximo proceso electoral se presenten 15 mujeres candidatas a presidentas municipales en los 30 municipios más poblados y solo así lograr la igualdad sustantiva. Dijeron que esta medida es imprescindible para lograr la igualdad sustantiva, porque en los procesos electorales del 2018 y 2021 solo creció en un 2 por ciento el número de mujeres al frente de un municipio.

María Eugenia Núñez Zapata, propuso la creación de Observatorio a los Medios de comunicación  y se realicen acciones de sensibilización, capacitación, monitoreo y certificación de las buenas prácticas de difusión con postactiva de género.

También hicieron un exhorto al Poder Judicial para cumplir en tiempo y forma con la entrega de información para actualizar el registro de deudores alimentarios, acorde con lo que marca la Ley 3 de 3 y la creación de una certificación, tipo distintivo violeta, que permita incentivar las buenas prácticas e incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial y en particular en jueces y juezas de las áreas familia y penal.