Ordenan suspender granja porcícola en Sitilpech por daños ambientales
Una jueza federal otorgó una medida cautelar a favor de la comunidad maya ante posibles violaciones a sus derechos al agua, la salud y la consulta indígena.
Por Redacción
Ciudad de México 05 de noviembre de 2025.- La comunidad maya de Sitilpech, en Izamal, obtuvo una suspensión provisional que ordena detener temporalmente las actividades de una granja porcícola con capacidad para 36 mil cerdos, ante posibles violaciones a los derechos al medio ambiente sano, al agua, a la salud y a la consulta indígena.
El amparo fue promovido por habitantes mayas con el acompañamiento jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), con el fin de prevenir daños irreparables al ecosistema y proteger los recursos naturales como bienes comunes de la humanidad.
La jueza Elsa Patricia Espinoza Salas, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, concedió la medida cautelar dentro del juicio de amparo 2095/2025. La resolución establece que la granja sólo podrá realizar acciones destinadas a mantener con vida a los animales existentes, pero prohíbe el ingreso de nuevos ejemplares.
De acuerdo con los habitantes de Sitilpech, la granja —identificada como Kancabchén No. 2, aparcería de la empresa Kekén, perteneciente al Grupo Kuo— fue instalada sin licencias de funcionamiento, permisos ambientales ni consulta indígena, pese a ubicarse dentro del “Anillo de Cenotes”, un humedal reconocido internacionalmente por la Convención RAMSAR.
La comunidad ha denunciado olores fétidos, contaminación del agua subterránea y afectaciones a la salud, especialmente entre personas mayores, niñas y niños. También señalan la omisión de las autoridades para prevenir y mitigar el daño ambiental causado por la actividad porcícola.
En su resolución, la jueza Espinoza Salas enfatizó que al estar en juego derechos individuales y colectivos relacionados con la protección del ecosistema y la biodiversidad, la suspensión responde al interés social y busca evitar daños irreversibles.
Esta decisión se suma a otras tres suspensiones provisionales otorgadas por los Juzgados Segundo y Sexto de Distrito en Yucatán, que ordenan a las autoridades realizar acciones de vigilancia, verificación e inspección para preservar el equilibrio ecológico y garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.
La medida estará vigente hasta la audiencia incidental programada para el 7 de noviembre de 2025, en la que se decidirá si la suspensión se confirma, modifica o revoca.
Con este acompañamiento legal, el Instituto Federal de Defensoría Pública reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y ambientales de los pueblos y comunidades indígenas, así como con la promoción de la justicia ambiental y la protección de los recursos naturales como bienes comunes de la humanidad.
