Piden a Renán Barrera cesar la estigmatización y criminalización de la protesta social
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México hizo un llamado al Ayuntamiento de Mérida que encabeza Renán Barrera a que se ponga un alto a las prácticas de estigmatización y acciones de criminalización contra defensoras y periodistas en #Yucatán tras las movilizaciones por el #28S.
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 29 septiembre de 2022.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México hizo un llamado al Ayuntamiento de Mérida que encabeza Renán Barrera a que se ponga un alto a las prácticas de estigmatización y acciones de criminalización contra defensoras y periodistas en #Yucatán tras las movilizaciones por el #28S.
Junto con la Red de Defensoras y Periodistas de la Península de Yucatán reivindicaron la inconoclasia como una forma histórica de manifestación frente a políticas públicas ineficaces que no miran las múltiples realidades que viven las niñas y mujeres, respecto a la violencia sexual, de género y el acceso al aborto legal, gratuito y seguro.
A través de un comunicado, solicitaron al Ayuntamiento de Mérida actuaciones basadas en los estándares nacionales e internacionales sobre los derechos Involucrados en la protesta social de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Hicieron pública su posición frente a las posturas manifestadas por el alcalde Renán Barrera Concha y “lo responsabilizamos por alguna situación de violencia que pueda afectar a nuestras compañeras que participaron en las acciones feministas del día 28 septiembre del 2022”.
Recordaron que la protesta social es un derecho vinculado a otros derechos como la libertad de asociación, de manifestación y de expresión.
“La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluyendo el de no ser molestado por opinar, investigar, recibir informaciones y difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Hicieron un llamado, para poner un alto a las prácticas de estigmatización y acciones de criminalización. Recordaron que el Estado tiene la obligación de comunicar y difundir información que permita hacer un análisis claro y congruente frente a las realidades y problemáticas.
Así mismo, señalan que es necesario que los cuerpos policiacos y todas las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, en su actuación tengan presente los parámetros constitucionales y convencionales que regulan su actuación frente a las manifestaciones públicas.
“Es fundamental que todas las autoridades se muestren sensibles para escuchar y atender los Intereses, redamos o Ideas de todas las personas; generar los canales adecuados de comunicación y diálogo entre el gobierno, la ciudadanía y la población en general; ello como mecanismos eficaces e incluyentes de participación ciudadana en los asuntos públicos”, señalaron.
Agregan en el comunicado que las descalificaciones que están circulando en medios digitales, por parte de algunos portales, incluso colocando los rostros de mujeres, violando así la privacidad, favorecen a un clima de hostilidad, violencia y polarización social.
