Género y Derechos Humanos

Piden impedir que agresores lleguen al poder a través de quienes proponen candidaturas

Por Cecilia Abreu

Es necesario implementar acciones que impidan a agresores llegar al poder, pero la estrategia debería estar en las y los postulantes, evitando que propongan a personas violentas, pues crear o tipificar nuevos delitos no necesariamente abona a la igualdad de género, opinó Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE A.C.).

“Sí es necesario que haya algún mecanismo o se realicen una serie de estrategias y acciones que vayan encaminadas, precisamente, a evitar que quienes son agresores de alguna forma, ejerciendo cualquier tipo de violencia, ocupen puestos de elección o tengan nombramientos para el servicio público”, dijo.

A pesar de esta necesidad, mira que esta acción no requiere ser por medio de un decreto como ha avanzado en Yucatán, por medio de la legislación 3 de 3; sobre esta ley, explicó que uno de los puntos que ha desatado la discusión sobre su inconstitucionalidad radica en que priva del derecho a la participación política de las personas presuntas agresoras que no han sido llevadas a proceso.

Al impedir la participación por señalamientos, opina, hay una violencia hacia el derecho de participación por la falta de una investigación en curso o judicialización de dicha investigación o proceso legal e incluso si se inició, pero no continuó.

Abundó que, en el caso de las reformas que ya fueron aprobadas para la entidad, lamentó que no podría cumplirse el rubro “no tener antecedentes penales por violencia”, pues la forma de comprobar esto es precisamente por medio de la Constancia de Antecedentes No Penales y, si no ha habido un proceso legal o investigación, “no se va a poder aplicar esto”.

En semanas previas, incluso ocurrió el caso, señaló, pues L.A.M.C., quien tomó el cargo como Consejero de la Judicatura fue señalado por violencia y, a pesar de esto, accedió al puesto porque no cuenta con antecedentes penales.

“Yo creo que, lo que se tiene que hacer, es que quien proponga a los candidatos y candidatas a ocupar puestos, se cerciore de la ética y la probidad, de las personas”.

Así, expuso, si un partido, asociación civil, gobernador o gobernadora o quien fuere, “tendría que investigar que no tenga señalamientos o que no haya realizado actos, aún cuando no hayan iniciado un proceso en contra de la persona”.

De encontrar algún antecedente o señalamiento de violencia, no deberán proponerle y, de hacerlo, la responsabilidad sería para quien propuso la candidatura “porque de esa manera lo que se va a buscar es desalentar este tipo de conductas”.

En los casos de violencia sexual, familiar y de otros tipos, muchas veces las víctimas no denuncian por temor, vergüenza, entre otros motivos, incluyendo que el delito haya prescrito “pero sí hay señalamientos públicos”.

Por ello, considera que si desde los partidos políticos cuentan con este criterio ético, contribuyen para impedir que agresores lleguen al poder al tiempo que desalientan esas violencias; del mismo modo, para quienes proponen las candidaturas, que incluso podrían recibir sanciones al proponer a alguien que haya violentado.

“Así tendría que construirse la política pública que va a incluir marcos normativos, pero también lineamientos y criterios éticos de transparencia, probidad, encaminados encaminados a garantizar una vida libre de violencia a las mujeres”.

Aún con estas afirmaciones, visibilizó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al presentar una acción de anticonstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fundamentando que no pueden obstaculizar el ejercicio de una profesión que les dará los recursos para la pensión, dio un paso en falso. “No se trata de eso”.

“La solución es multifactorial, pero yo creo que funcionaría más que, quien tiene la facultad de nombrar a los candidatos y candidatas, tenga la obligación de cerciorarse de esta ética, de la probidad, que no tenga señalamientos, que no haya duda sobre su actuación como agresor, deudor moroso que vulnera los derechos de sus hijos e hijas”

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