Proponen acortar plazo para castigar a deudores alimentarios
Una iniciativa en el Congreso propone reducir de 90 a 60 días el plazo para declararlos morosos y proteger los derechos de niñas y niños.
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 12 de noviembre de 2025.– El Congreso del Estado de Yucatán recibió una iniciativa que busca acortar de 90 a 60 días el plazo para considerar a una persona como deudora alimentaria morosa, con el objetivo de garantizar el derecho a la alimentación y fortalecer la justicia familiar en la entidad.
De acuerdo con la propuesta, la actual Ley de la Fiscalía General del Estado establece un periodo de 90 días naturales para declarar moroso a quien incumpla con sus obligaciones alimentarias, lo que provoca afectaciones económicas y emocionales para niñas, niños y adolescentes.
“90 días pueden significar que un niño deje de ir a la escuela, que una madre no pueda pagar la renta o que falte comida en la mesa. O peor aún, que la madre tenga que pedir préstamos para solventar medicamentos o útiles escolares que requieran sus hijos o hijas”, se expuso durante la sesión.
La iniciativa fue presentada por la diputada Clara Paola Rosales Montiel (Morena), quien desde la tribuna explicó que el propósito es agilizar la restitución de los derechos alimentarios y evitar el impacto negativo que enfrentan muchas familias por los largos plazos legales.
“Reducir el plazo de 90 a 60 días sería una medida de justicia y equidad. Las madres no pueden suspender su responsabilidad de alimentar y cuidar, por lo tanto, el Estado debe actuar con la misma rapidez frente al incumplimiento de los deudores alimentarios”, señaló Rosales.
El Congreso recordó que desde el 4 de enero de 2022 está en funcionamiento el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Yucatán, una herramienta que permite identificar y difundir información sobre quienes incumplen con el pago de pensiones alimenticias, con el fin de proteger los derechos de la niñez.
“La falta de cumplimiento en el pago de pensiones alimenticias es uno de los problemas sociales más persistentes y dolorosos que enfrentan muchas familias. No es solo un tema económico; es una forma de violencia estructural que profundiza las desigualdades de género y condena a miles de mujeres a sostener solas la carga del cuidado, el trabajo doméstico y la manutención de sus hijas e hijos”, sostuvo.
Durante su intervención, la legisladora compartió una experiencia personal al recordar las dificultades que su madre enfrentó para sacarla adelante ante la falta de mecanismos jurídicos eficaces para obligar a los deudores alimentarios a cumplir con sus responsabilidades.
“Garantizar el derecho a los alimentos no es un favor, es un deber constitucional y ético. Hablar de justicia social implica hablar de equidad de género, de protección a la niñez y de poner en el centro la vida digna de las personas más vulnerables. Porque una sociedad justa no puede permitir que el abandono económico se normalice”, exclamó.
