Santa María Chí acusó a la CODHEY de utilizar su lucha sin pronunciarse sobre el caso
La comunidad maya acusó que el organismo utilizó su lucha en el informe 2025 sin haber emitido pronunciamiento alguno sobre su lucha y los procesos penales derivados del conflicto por la granja porcícola.
Por David Rico
Mérida, Yucatán, a 25 de febrero de 2026.- La comunidad maya de Santa María Chí acusó públicamente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) de utilizar su lucha contra una granja porcícola como referencia en su informe de gestión 2025, pese a que, aseguró, el organismo nunca se ha pronunciado ni ha emitido recomendación alguna sobre su caso.
El señalamiento surge luego de que la presidenta de la CODHEY, María Guadalupe Méndez Correa, hiciera alusión al derecho a la protesta social durante su mensaje ante el Congreso del Estado, en el que defendió la legitimidad de las manifestaciones y advirtió sobre los riesgos de criminalizar la disidencia.
Desde tribuna, la ombudsperson sostuvo que “las manifestaciones han sido históricamente un pilar de la acción democrática” y afirmó que el uso de la fuerza pública debe apegarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. También señaló que deben revisarse disposiciones del Código Penal que puedan obstaculizar la libertad de expresión.
En ese contexto, hizo referencia en fotografías al caso de Santa María Chí, comunidad que mantiene una lucha socioambiental y jurídica por la instalación y operación de una granja porcícola y cuyos integrantes han enfrentado procesos penales, particularmente el subcomisario Wilbert Nahuat.
Sin embargo, horas después del informe, la comunidad difundió un posicionamiento en el que cuestionó la actuación del organismo estatal.
“Desde mayo de 2023 una comisión de vecinas y vecinos acudió a solicitar apoyo por la situación que vive Santa María Chí. A la fecha, seguimos esperando algún pronunciamiento o recomendación en beneficio de nuestra comunidad”, señalaron.
Aunque un juez estatal sobreseyó la carpeta de investigación, la empresa apeló esa decisión y hoy el caso se encuentra en manos de un Tribunal Colegiado. Pese a ello, la CODHEY no se ha pronunciado ni ha intervenido en este caso de carácter ambiental y penal, y aun así utiliza nuestra lucha como referente en su informe”.
La comunidad consideró contradictorio que el organismo cite su lucha como ejemplo de protesta democrática sin haber ejercido acciones concretas de acompañamiento o defensa. “Aquí, los tratados sobre derechos humanos se firman, pero no siempre se cumplen”, expresaron en su mensaje dirigido a la sociedad yucateca, al país y a la comunidad internacional.
