SCJN resolverá si el Gobierno de Yucatán debe consultar a pueblos mayas antes de emitir normas ambientales
El máximo tribunal atrajo un amparo de comunidades mayas que reclaman falta de consentimiento previo en la regulación de la industria porcícola.
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 16 de octubre de 2025.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará por primera vez si el Gobierno de Yucatán está obligado a consultar a los pueblos mayas antes de emitir normas ambientales que impacten su territorio. El máximo tribunal del país decidió atraer el amparo promovido por habitantes de Chapab y Kinchil en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del Estado, por la publicación de una norma que regula la operación de granjas porcícolas sin haber realizado una consulta previa, libre e informada.
La controversia se centra en la Norma Técnica Ambiental NTA-001-SDS-22, publicada el 23 de diciembre de 2022, que busca regularizar las granjas porcícolas en la entidad. Pese a las mesas de diálogo y los señalamientos de organizaciones civiles y comunidades mayas, la SDS no llevó a cabo el proceso de consulta establecido por los estándares internacionales y nacionales de derechos indígenas.
La norma tampoco obliga a las empresas o a la propia autoridad a consultar a los pueblos mayas durante el proceso de regularización, aun cuando sus operaciones afecten sus territorios o zonas cercanas.
Ante esto, personas de Chapab y Kinchil, acompañadas por Kanan Derechos Humanos A. C., interpusieron un amparo en enero de 2023, argumentando que la SDS vulneró el derecho a la consulta y consentimiento previo, parte esencial de su libre determinación y autonomía como pueblos originarios.
El Juzgado Primero de Distrito en Yucatán desestimó la legitimidad de las y los demandantes, por lo que se presentó un recurso de revisión. Este recurso llegó a la Suprema Corte, donde los ministros Hugo Aguilar y Lenia Batres propusieron que el Pleno atrajera el caso.
Finalmente, este 16 de octubre de 2025, el Pleno de la Corte resolvió por mayoría de ocho votos a favor y uno en contra reasumir la competencia para resolverlo de fondo.
“A favor de la competencia, dado que se trata de un tema muy importante. Se plantea si el gobierno de Yucatán específicamente debe realizar consultas a las comunidades indígenas para la autorización de centros pecuarios porcícolas en el estado, que ha sido un tema de enorme conflicto social”, declaró la ministra Lenia Batres durante la sesión.
Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa respaldó la atracción del caso:
“A favor porque considero que este tema sí amerita la competencia originaria, debido a que, como ya se señaló, subyace en él el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas antes de la emisión de normas de tipo ambiental.”
Este hecho marca un precedente, ya que es la primera ocasión en que la Suprema Corte atrae un caso relacionado con la violación al derecho a la consulta de comunidades mayas en torno a la industria porcícola.
Desde Kanan Derechos Humanos A. C., se destacó la relevancia del paso dado por la Corte:
“Nos resulta particularmente fundamental que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya hecho suyo el asunto, pues puede establecer criterios claros y determinantes sobre el derecho a la consulta y consentimiento de los pueblos mayas frente a normas ambientales que puedan afectar su territorio, especialmente ante el contexto de la península de Yucatán y los impactos negativos de la industria porcícola en el agua y el suelo del estado.”
El fallo final de la Corte podría definir el alcance de la obligación del Estado para consultar a las comunidades indígenas ante decisiones ambientales, un tema que ha generado debate y resistencia en distintas regiones de Yucatán.
