Senadora pide acción de inconstitucionalidad a la CNDH contra la reforma al ISSTEY de Mauricio Vila
A través de las redes sociales la senadora Verónica Camino Farjat dio a conocer que solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que promueva una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al ISSTEY, y señaló como autoridades responsables al titular del Ejecutivo, al Congreso del Estado, al titular del Diario Oficial y al IEPAC que se negó a llevar a cabo un referéndum.
Denunció, además, que el gobierno está llevando a cabo amenazas y hostigamiento a los trabajadores de los diferentes niveles, para que no promuevan amparos.
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 10 agosto de 2022. A través de las redes sociales la senadora Verónica Camino Farjat (Morena) dio a conocer que solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que promueva una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al ISSTEY, y señaló como autoridades responsables al titular del Ejecutivo, al Congreso del Estado, al titular del Diario Oficial y al IEPAC que se negó a llevar a cabo un referéndum.
Denunció, además, que el gobierno está llevando a cabo amenazas y hostigamiento a los trabajadores de los diferentes niveles, para que no promuevan amparos.
“El jueves 4 de agosto solicité de manera formal a la CNDH promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del decreto 532 que contiene la reforma a la ley del ISSTEY, porque vulnera derechos humanos de miles de trabajadores y trabajadores del Gobierno del Estado y los poderes públicos del estado”, indicó.
Además, dijo que tiene constancia “de las amenazas y hostigamiento hacia personal, administrativo y operativo, en los diferentes niveles” para que no presenten amparos.
Dijo también que funcionarios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) se coludieron para que no se usara la figura del referéndum, “guardaron la constitución para que no se miren las aberraciones legales que los panistas cometen”.
Camino Farjat dijo que estos funcionarios podrían ser sujetos a procedimientos de responsabilidad administrativa e incluso penal, ya que afecta a los principios de legalidad e independencia de la institución.
Por ello, dijo que en el documento entregado a la CNDH, se señala categóricamente como responsables al titular del Ejecutivo, al titular del Diario Oficial, al Congreso de Yucatán y al Iepac.
