Sitilpech, claro ejemplo de criminalización de personas defensoras de su tierra
En su reciente informe “México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente” Amnistía Internacional aborda el caso de Sitilpech, Yucatán, como un claro ejemplo de criminalización y del uso desproporcionado de las normas penales en contra del derecho de protestar pacíficamente para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente, en contra de una granja porcícola.
Por David Rico
Mérida, Yucatán, 13 septiembre del 2023.- El uso desproporcionado de las normas penales es una de las amenazas principales al derecho de protestar pacíficamente para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente en México, dijo Amnistía Internacional hoy al publicar el informe “México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente”, en el que se documenta el uso desproporcionado del sistema de justicia para disuadir, castigar e impedir que las personas defensoras protesten para exigir sus derechos.
Este informe está basado en cuatro casos en lo que se materializa la forma de criminalizar la protesta y el legítimo derecho de defender la tierra. Uno de estos casos es el de Sitilpech, Yucatán, donde pobladores de esta localidad como Jesús Ariel, Arturo y Juan Diego, se oponen a las actividades de una mega granja porcícola en su territorio por la contaminación, afectaciones al agua y problemas de salud que genera.
“En todas estas protestas, el Estado mexicano ha respondido con la criminalización de manifestantes, iniciando procesos penales a nivel estatal en contra de personas defensoras que protestaban de forma pacífica”, señala el informe.
El texto señala que Juan Diego Valencia Chan, Arturo Albornoz May, Jesús Ariel Uc Ortega son pobladores mayas de Sitilpech, Yucatán, que luchan en contra de las consecuencias negativas que ha tenido desde 2013 la instalación en el pueblo de una mega granja llamada Kancabchén II, con capacidad de alrededor de 48,000 cerdos.
Desde enero de 2021 Juan Diego, Arturo y Jesús Ariel, junto con el grupo “la Esperanza de Sitilpech” iniciaron un proceso legal en contra de los daños que está ocasionando la granja en el medio ambiente, la salud y el territorio, así como la vulneración a los derechos al consentimiento libre, previo e informado y a la libre determinación del pueblo indígena maya.
Aproximadamente 140 personas pertenecientes a Sitilpech interpusieron una demanda de amparo por la omisión de diversas autoridades de ejercer sus funciones de inspección, fiscalización, control y sanción de las operaciones de la granja. Dicho amparo derivó en la suspensión de las actividades de la granja.
La empresa, in embargo, interpuso una queja por la admisión del amparo, por lo que el 20 de julio habitantes de Sitilpech junto con las organizaciones Kanan DDHH y Greenpeace entregaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) más de 700 firmas de la comunidad (son 1,900 personas en total) solicitando que atrajera el caso para que fuera el máximo tribunal quien resolviera.
La SCJN decidió no ejercer la facultad de atracción, ocasionando que la queja regresara al Tribunal Colegiado quien desechó la demanda y dejó sin efectos la suspensión bajo el argumento de que “se había interpuesto fuera de tiempo” lo que permitió a la granja el reinicio de sus operaciones.
La protesta al perder la batalla jurídica para que el Pueblo Indígena sea escuchado
El informe de Amnistía Internacional detalla que Juan Diego, Arturo y Jesús Ariel se unieron a un campamento en la entrada de la mega granja el 10 de febrero de 2023 con la finalidad de impedir que los camiones con cerdos y comida entraran y salieran. Esto inició con un camión “nodriza” que trasladaba alrededor de 500 cerdos pequeños y que dio aviso a otros 5 camiones que intentaron otras vías de acceso que tampoco tuvieron éxito debido a la protesta.
El campamento permaneció por 8 días, hasta el 18 de febrero en la madrugada, cuando llegaron aproximadamente 100 policías antimotines. Ese día había 15 mujeres, 6 hombres y un niño de 12 años. La policía golpeó a las personas que se encontraban en el campamento, incluyendo al niño.
A una mujer que estaba grabando lo ocurrido le arrancaron las uñas para obligarla a entregar su celular, otra mujer se aferró al camión como protesta, cuando la policía la golpeó, la tiró y la arrastró. Debido a un golpe fuerte en la cabeza, tuvo que ser atendida en un hospital.
Adicionalmente, según el testimonio de pobladores, los policías robaron 16,000 pesos mexicanos que los y las pobladoras habían reunido en apoyo a su causa, y se llevaron también sillas, mesas y otros objetos que estaban en el campamento. También les quitaron sus celulares, impidiéndoles que se comunicaran y que grabaran y documentaran los hechos.
El 22 de febrero de 2023, el pueblo de Sitilpech organizó una rueda de prensa presentando la “Declaratoria de Sitilpech sobre un Pueblo libre de Megagranjas Porcícolas” en el cual establecían las formas para entablar un diálogo si se daban las condiciones para ello.
Ese día acordaron que los y las pobladoras detendrían la protesta y dejarían entrar alimento y combustible para que no se murieran los animales, a cambio de que se sacara a los cerdos 8 días después y que se iniciara un diálogo. El 1 de marzo de 2023 los y las pobladoras de Sitilpech, mediante un comunicado de prensa rechazaron una invitación a diálogo de la empresa que les llegó a través de Kanan DDHH debido a que la empresa había incumplido su promesa de sacar los cerdos.
El 3 de marzo llegó de nuevo la policía con aproximadamente 70 elementos escoltando los camiones de la empresa, quemó los montes alrededor y quitó a la fuerza el campamento de los y las pobladores de Sitilpech. Para evitar la represión, el grupo de personas decidió retirarse antes que entraran al pueblo.
La criminalización
El Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY) interpuso una denuncia debido a la obstaculización y/o bloqueo en la carretera que impedía la circulación de personas y vehículos , “poniendo en peligro la seguridad de los transeúntes, ya que pueden causar graves accidentes en la carretera”.
Por su parte, la empresa porcícola130 denunció a Juan Diego, Arturo y Jesús Ariel, que fueron identificados como los principales “provocadores”, por el agravio que les ocasionó el cierre de la carretera.
La investigación se basa en 5 testimonios de trabajadores de la empresa que aseguran que Juan Diego, Arturo y Jesús Ariel participaron en un bloqueo a las vías de comunicación mediante palos, piedras y llantas quemadas, impidiendo el paso a los camiones de la granja que transportaban cerdos y alimento. Asimismo, mencionan que el 18 de febrero se escucharon disparos de armas de fuego derivado de lo cual se fue la luz en la granja.
La Fiscalía General del estado de Yucatán ejerció acción penal en contra de Juan Diego, Arturo y Jesús Ariel por el delito de obstrucción de las vías de comunicación en pandilla.135 Por su parte, la jueza de Control de Kanasín, Yucatán, dictó un auto de vinculación por el mismo delito.
Si bien la Fiscalía solicitó la prisión preventiva como medida cautelar, la jueza consideró esto excesivo otorgándoles la libertad con la condición de firmar cada mes y no salir del estado de Yucatán.
El informe señala que no existen elementos particulares que vinculen a Juan Diego, Arturo o a Jesús Ariel a hechos violentos, los testimonios únicamente hacen referencia a que se encontraban junto con las demás personas que realizaron la protesta.
Hasta ahora, el proceso penal en su contra ha ignorado el contexto en que ocurrió la protesta, el que se realizó dentro de su territorio como Pueblo Indígena maya que tiene derecho a la autodeterminación y con la intención de detener un daño ambiental que se está produciendo.
