Sus agresores viven en libertad, pero ella no: Mónica exige justicia

Por Cecilia Abreu

“Me han dañado mucho, me han obligado a dejar de ser yo; a partir de la difusión del video […] me ha dañado mucho porque vendieron mi contenido en la escuela, les resultó bien y lo vendían por 50 pesos, o sea, yo valía 50 pesos y fue muy impactante, estaban a mi lado, decían ser muy mis amigos y al final para ellos yo valía 50 pesos y no les importó nada, no les importó mi amistad, no les importó verme llorando en clases, verme desesperada, frustrada”, expresa Mónica.

Mónica* es una joven que, desde sus 16 años, hace dos años, ha sido víctima de la difusión de su contenido íntimo sin consentimiento por parte de once ex compañeros de su preparatoria, situación que ha derivado en acoso, no solo escolar, sino también de su vida personal y privada, así como en redes sociales; delitos que fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE), presentando pruebas, sin embargo, ésta determinó el ejercicio de la no acción penal y será en el mes de enero cuando un jueza o juez defina si continuarán o no con la carpeta de investigación.

Su madre, Carolina*, teme que el caso de su hija sea “un carpetazo más” porque ella fue quien interpuso la denuncia y ha sido testigo de la revictimización en contra de su hija, desde la escuela, hasta la Fiscalía.

A sus 16 años, un día que pudo ser “cualquiera” para ella, una amiga le dijo que su video estaba siendo difundido y ella no sabía de qué le hablaba hasta que su amiga le explicó que era un video íntimo con su pareja y Mónica entra en shock, no sabía qué hacer.

Su primera reacción fue hablar con el que era su novio en ese entonces y le hicieron saber al prefecto de la preparatoria lo que estaba ocurriendo, autoridad que decidió hacer una reunión con los siete que habían estado difundiendo el video y Mónica. En aquel momento, acordaron que eliminarían el contenido.

“Para mí eran mis amigos, personas muy cercanas a mí, llevaba dos años conviviendo con ellos diario; nos veíamos dentro y fuera de la escuela, eran una parte importante”, señala Mónica, quien lamentó que hayan sido quienes consideraba amigos los que actuaron en su contra de tal forma.

A pesar del acuerdo, las cosas solamente empeoraron; al siguiente lunes, 21 de noviembre de 2019, le quitaron su celular en la escuela por utilizarlo en horario de clases y cuando se subió al coche con su mamá lo primero que le pidió fue su celular y le explicó que no lo tenía, entonces su mamá se bajó del coche y se dirigió a hablar con el prefecto.

Al llegar a casa, Carolina le explicó a Mónica que había visto su contenido íntimo porque se lo enviaron a su celular y desde ese momento tuvo el apoyo de su mamá y también de su papá, quienes recurrieron con una abogada y el 30 de diciembre de 2019 metieron su denuncia en la FGE.

Situación que detonó aún más acoso de sus compañeros, pues al decirles que interpondrían la demanda tuvieron miedo. Mónica recuerda que en una clase de historia, impartida por un abogado, le preguntaron sobre el caso y este dijo que no iba a pasar nada porque en el Estado no ese tipo de situaciones no proceden; a partir de allí, el acoso, bullying y hasta insultos frente a autoridades escolares no pararon.

“Desde ese momento que me insultó enfrente de una maestra y nadie hizo nada, fue escalando y constante”, Mónica ya no quería ir a la escuela, recuerda que quería huir de allí porque estaba en el mismo salón que siete de sus agresores y ya no tenía amistades en la escuela, más que una amiga.

Y la única propuesta de la escuela fue que la cambiaran de salón, “era muy injusto” porque considera que siendo la víctima a ella la iban a cambiar y no a quienes la estaban afectando; pero luego llegó la contingencia por COVID-19 y la cambiaron de salón finalmente.

“La escuela estaba al tanto y la verdad es que no hizo nada”, una vez en las clases en línea, los agresores grabaron sus computadoras y subieron la cara de Mónica tomando clases a sus estados de WhatsApp, “fue lo último que aguanté, por miedo no prendía mi cámara ni mi audio y después de mucho tiempo de no hacerlo me grabaron. La escuela se enteró y no hizo nada tampoco”, lo único que le dijeron fue que podría tomar clases con audio y cámara apagadas, pero el profesorado tomaba eso como que no participaba, aun conociendo la situación.

Tuvieron entonces una junta con madres y padres de familia, pero Carolina y su esposo no recibieron más que insultos y revictimización contra su hija, a pesar de ello firmaron que si el acoso continuaba los expulsarían, “cosa que nunca pasó”.

“Después de eso tuve un ataque de ansiedad muy fuerte y en ese ataque de ansiedad intenté suicidarme y acabé en el Hospital Psiquiátrico”, situación que derivó en tomar medicación y perderse muchas de sus clases, ocasionando que perdiera su último semestre de prepa.

Pero salirse de la escuela no significó que el acoso terminara, pues continúa recibiéndolo por medio de redes sociales, con llamadas diarias de diferentes números telefónicos de las mismas personas y hasta la han seguido a su trabajo.

“Los bloqueo de todas mis cuentas y me vuelven a seguir de otras cuentas con sus mismos nombres”.

Lamenta no sentirse segura, ni en libertad en ningún lado por esta situación, porque tiene conocimiento de que sus agresores incluso tienen un grupo de WhatsApp llamado “Licenciados en Molestar**” donde planearon cómo actuarían en su contra, incluyendo el haberle enviado el video a su mamá y qué discursos darían si les llamaban de la FGE (cuenta con capturas de pantalla que lo prueban, aunque la Fiscalía no quiso tomarlas como pruebas).

Durante un año, Mónica y Carolina recabaron pruebas que fueron entregando a la Fiscalía, pero cuando preguntaban por su carpeta de investigación les decían que por la pandemia estaban suspendidos los trámites y fue hasta abril de 2020, aproximadamente, cuando le informaron que la retomarían.

“Jamás terminaron de integrar las cosas, faltaron diligencias por hacer y era muy desesperante porque tenemos las pruebas suficientes que acreditan todo lo que sucedió” y, sin embargo, señalan que el 3 de diciembre les informaron que determinaron el ejercicio de no acción penal, aún con todas las diligencias faltantes por parte de la Fiscalía y será en enero cuando la decisión dependerá de un juez o jueza que dictamine si se dará “carpetazo”.

“La Fiscalía alega que no tengo cómo acreditar que yo no les di mi consentimiento”, lamenta Mónica, pues esa es la razón por la cual ya no quieren continuar con la investigación del acoso que ha vivido y la difusión de su contenido que incluso vendieron por 50 pesos, a pesar de que esta situación repercutió en ella hasta intentar cambiar su imagen y vivir un intento de suicidio. “Sentía que ya no tenía valor y no me sentía bien conmigo misma”.

*Debido al proceso legal y la protección de las mujeres sus nombres reales son confidencial y se utilizan sobrenombres.
**El nombre del grupo fue sustituido por protección