Trabajadora denunció violencia en el Poder Judicial y fue despedida injustificadamente
Al poco tiempo de que alzó la voz por las violencias que sufrió en el Juzgado Mixto de Umán, fue cesada por parte de la consejera Mariana Gaber Fernández a manera de represalia.
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 7 de marzo de 2024.- Por alzar la voz en contra de las violencias de género, institucional y laboral que sufrió junto con otras cuatro compañeras en el Juzgado Mixto de Umán, la trabajadora N. R. G. C. fue despedida a manera de represalia por parte del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Yucatán.
Sobre este caso, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, la secretaria general del Sindicato Progresista, Luisa Inés Martín Puc, criticó que las trabajadoras judiciales siguen sufriendo agresiones en sus centros laborales y, lamentablemente, cuando deciden denunciarlo, son reprendidas y no cuenta con el respaldo de las autoridades.
El pasado 17 de febrero del 2023, N. R. G. C., quien en ese momento se desempeñaba como auxiliar Jurídico, regresó de su licencia por maternidad en el mencionado juzgado y desde entonces vivió –junta con sus compañeras- violencia y acoso laboral por parte de la jueza Claudette Ysela Escalante Pino, pues les hacía trabajar extensas jornadas laborales, constantemente las amenazaba con levantarles actas administrativas y despedirlas sino cumplían con las excesivas cargas de trabajo, además de que las obligaba a realizar funciones que no les correspondían y fuera de su horario laboral.
“Pasaban muchas horas en el juzgado, incluso hubo algunas compañeras que se quedaban a dormir ahí. Eran jornadas tan largas que para poder convivir con sus hijos menores de edad, sus familiares se los tenían que llevar hasta el juzgado por las noches. Cada trabajadora tenían alrededor de 600 expedientes, como resultado de una mala administración de recursos humanos en ese juzgado”, apuntó Luisa Martín.
En el caso de la compañera N.R G. C., no podía quedarse más horas extras como el resto de sus compañeras, ya que se encuentra en periodo de lactancia y su hijo menor de edad nació con un padecimiento el cual ponía en peligro su vida. Lamentablemente, la jueza Escalante Pino, a pesar de tener conocimiento de esta situación, la presionaba constantemente e incluso le levantó tres actas administrativas bajo el argumento de que no avanzaba en sus expedientes.
Toda esta violencia y acoso laboral que sufrieron las mujeres profesionistas y madres en el ejercicio de sus funciones, fue expuesto por el Sindicato Progresista en el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Yucatán mediante escritos de fechas 28 de julio y 7 de agosto del 2023; sin embargo, no tuvieron respuesta por parte de dicho órgano colegiado.
El Consejo de la Judicatura tampoco otorgó medidas cautelares para separar a la persona agresora de las víctimas y ellas siguieron viviendo violencia durante varios meses.
Finalmente, debido al rezago en los expedientes del Juzgado Mixto de Umán, se abrió un expediente en contra de la jueza ante la Contraloría del Consejo de la Judicatura, por lo que el pasado 16 de enero el 2024 fue cambiada como titular al Juzgado Mixto de Ticul.
Sin embargo, la violencia continuó, ya que al poco tiempo, el día 31 de ese mismo mes, se le notificó de su rescisión laboral a la compañera N. R. G. C., en atención al oficio CDCJ/057/2023, expedido por la consejera presidenta de la Comisión de Disciplina de la Judicatura, Mariana Gaber Fernández Montilla. En el documento, se indicó supuesta negligencia y obstrucción de la impartición de justicia “por dejar de ejecutar su trabajo con la intensidad, cuidado y esmero, sin sujetarse a la dirección de sus jefes”.
“Es lamentable que la consejera Mariana Gaber jamás tomó en cuenta los escritos de violencia y acoso laboral que presentó la víctima en contra de su superior, por lo que es evidente que se trató de una represalia del Consejo de la Judicatura. Dicha consejera ni siquiera consideró las extenuantes jornadas laborales sin pago de horas extras de las afectadas, y es que sólo bastaba con que revisara el reloj checador”, indicó la lideresa sindical.
Por si fuera poco, el Consejo de la Judicatura amenazó a N. R. G. C. con que si no firmaba su renuncia voluntaria, se le abriría un procedimiento administrativo para que la inhabilitaran para trabajar en cualquier puesto de gobierno.
La víctima volvió a defenderse ante esta injusticia y no firmó su renuncia, por el contrario, interpuso una demanda laboral y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey).
“Es terrible que prevalezca un ambiente de violencia en el Poder Judicial y que para colmo, por una decisión unilateral, incoherente e injustificada, la consejera Mariana Gaber Fernández haya decidido dejar sin trabajo a nuestra compañera. Ni siquiera permitió que la nueva jueza de Umán valorara de manera imparcial su desempeño laboral”, declaró Luisa Martín.
La secretaria general del Sindicato Progresista señaló que de acuerdo con el Sistema Informático para la Recopilación y Control de Expedientes del Poder Judicial del mes de enero del 2024, la compañera N. R. G. C. fue la número uno en productividad en una jornada normal de trabajo.
“No le dieron la oportunidad de demostrar lo buena servidora judicial que es y le hicieron caso a una jueza con antecedentes de violencia y acoso laboral”, lamentó.
