Trabajo sexual es trabajo: presentan en Mérida cartilla de derechos de las trabajadoras sexuales
El documento pone el foco en la gentrificación y la pérdida del derecho a la ciudad.
Por David Rico
Mérida, Yucatán, a 19 de diciembre de 2025.- En Mérida fue presentada la Cartilla de Derechos de las Trabajadoras Sexuales, un documento que reconoce y establece al trabajo sexual como una actividad lícita cuando se ejerce de manera libre y voluntaria entre personas adultas, y que subraya la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos de quienes se dedican a esta actividad.
Muñeca Aguilar, integrante de la Coalición Laboral Puteril (CLAP), explicó que la cartilla es resultado del esfuerzo conjunto de diversos colectivos que impulsan la igualdad y la no discriminación de las trabajadoras sexuales, con el objetivo de dejar claro que son sujetas de derechos y no objetos de persecución ni de criminalización.

Durante la presentación, Aguilar señaló que, además del estigma y la discriminación, existen problemáticas estructurales que afectan directamente al trabajo sexual, como la gentrificación y la turistificación, procesos que han ido desplazando a las trabajadoras de los espacios que históricamente han ocupado.
Como ejemplo, expuso el caso de la calle 58 de Mérida, donde actualmente se encuentran mujeres que anteriormente ejercían su trabajo en la calle del Venadito y que fueron reubicadas. Sin embargo, advirtió que ahora también están siendo desplazadas nuevamente, lo que las aleja cada vez más y las coloca en situaciones de mayor riesgo.
Indicó que una parte central del debate es la necesidad de descentralizar las políticas públicas y reconocer que cada región tiene particularidades propias. En ese contexto, subrayó la importancia del derecho a la ciudad de las trabajadoras sexuales, ya que de manera recurrente se ha intentado expulsarlas de los espacios que ocupan.
La Cartilla de Derechos de las Trabajadoras Sexuales señala que la violencia que enfrentan con frecuencia es consecuencia directa del estigma, la discriminación y la ausencia de una regulación con enfoque de derechos humanos. En ese sentido, plantea que erradicar la violencia implica el reconocimiento, la protección institucional y el acceso efectivo a los derechos.
De acuerdo con el documento, los derechos clave que deben ser garantizados son la igualdad y la no discriminación; la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad; el trabajo digno; la seguridad social; la salud; una vida libre de violencias; y el acceso a la justicia.
