Va por buen camino iniciativa para que violentadores de mujeres denunciados no lleguen a cargos públicos
Mérida, Yucatán, 08 mayo de 2022.- Activistas e integrantes de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva de Yucatán (AMISY) confiaron en que en breve podría aprobarse en el Congreso de Yucatán la iniciativa “3 de 3 contra la violencia”, la cual busca que quienes hayan sido denunciados por violentar mujeres o por incumplir con la manutención de sus hijos, no puedan ser candidatos ni acceder a cualquier cargo público.
En rueda de prensa, luego de una reunión con legisladoras locales, las integrantes de AMISY aseguraron que la iniciativa que busca hacer reformas constitucionales va por buen camino y, además de que se ha socializado en escuelas y en diferentes espacios, se han despejado las dudas de cualquier inconstitucionalidad que se la ha querido poner a la propuesta. De ser aprobada, dijeron, Yucatán será pionero en el tema.
En este sentido, la abogada Patricia Olamendi, especialista en derechos humanos y género, explicó que tuvieron encuentros con diputadas del Congreso de Yucatán y con sus equipos técnicos “para borrar cualquier tinte de inconstitucionalidad que le quisieron dar algunas personas”.
El tema que ha estado en el centro del debate es que la iniciativa propone que cualquier persona denunciada por ser un agresor de mujeres o por no cumplir con la manutención de sus hijos no pueda acceder a cargo público o ser candidato, sin la necesidad de una sentencia al respecto.
Explicó sobre este asunto que la discusión ha girado en torno a como se planeta el tema y, aseguró, “es totalmente constitucional la iniciativa pues parte de los mandatos de la Constitución que establecen que para cualquier un cargo público es necesario tener un modo honesto de vivir”.
“Está establecido desde el primero y el cuarto constitucional, que aseguran que todas las personas podamos vivir libres, sin discriminación ni violencia y en el principio de igualdad. La discusión cambio, no violenta ningún derecho”, dijo.
Explicó que se establecen reglas claras de elegibilidad para quien quiera competir en alguna candidatura o acceder a un cargo publico y serán los partidos políticos los responsables con la serie de medidas que tendrán que tomar los partidos para impedir que vayan a algún cargo
“No se juzga o acusa a nadie a priori, son reglas de conducta claras, éticas, moralmente aceptables para quienes aspiran a un cargo. Si no cumplen será el partido el que le diga ‘no cumples’ o el gobierno que no podrá nombrar”, expuso.
Además, apuntó que en México solo el 2 por ciento de casos contra mujeres llega a una sentencia y por ello no se puede amarrar la iniciativa a ese tema.
Expuso que el tema es relevante, porque un servidor público o representante de elección popular se convierte en representante de gobierno, del Estado, y cuando hay un delito o agresión a otra persona se convierte en un violador a derechos humanos.
“Nunca vamos a poder enfrentar la violencia contra las mujeres, ni la violencia contra niñas y niños si no desterramos para siempre de los cargos públicos y políticos a quienes han cometido delitos y quienes seguro lo seguirán haciendo como violaciones graves a derechos humanos”, agregó.
Confió en que la reforma pueda aprobarse en el Congreso local y que posteriormente los ayuntamientos aprueben para que se haga constitucional. Luego, dijo, tendrían que reformarse diferentes ordenamientos secundarios, como las leyes electorales y de partidos políticos.
“De aprobarse, en Yucatán se iniciaría una larga cadena de reformas en todo el país. Si queda como se está proponiendo podemos decir que este territorio estará libre de estas personas agresoras y será un aliento para todo el país de que podemos reformar todas las constituciones de los estados para que ningún agresor sea candidato, ningún violentador en un cargo público, ningún juzgador o ministro venga con esos antecedentes”, finalizó.
En la rueda de prensa estuvieron integrantes de AMISY como María Eugenia Núñez Zapata, Ligia Vera Sosa, Rosa Cruz Pech, entre otras.
