Vallas, drones y “orejas” en la marcha del 8M en Mérida
Un informe de Kanan Derechos Humanos sobre la marcha del 8M advierte actos que vulneran la libertad de expresión y el derecho a la protesta; no se registraron personas detenidas.
Por David Rico
Mérida, Yucatán, a 11 de marzo de 2026.- La organización Kanan Derechos Humanos concluyó que durante la marcha del Día Internacional de la Mujer en Mérida se registraron diversos actos de autoridad que vulneraron el derecho a la protesta y la libertad de expresión de las mujeres participantes. Entre ellos, la colocación anticipada de vallas en monumentos y edificios públicos, la vigilancia mediante drones y la presencia de agentes encubiertos. Pese a ello, durante la jornada no se reportaron detenciones.
Así lo documenta el informe de observación elaborado por la organización sobre la movilización del 8 de marzo de 2026, que reunió a entre cinco mil y nueve mil mujeres en la capital yucateca. El reporte advierte que el despliegue de vigilancia y monitoreo debe analizarse a la luz de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, particularmente en lo relativo a la protección del derecho a la protesta, la libertad de expresión y la manifestación pública.

La marcha comenzó a tomar forma alrededor de las cuatro de la tarde con la concentración de manifestantes en el Parque de la Mejorada. En el lugar se reunieron diversos contingentes integrados por defensoras del territorio, familias de víctimas de feminicidio, sobrevivientes de violencia, madres autónomas, niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, colectivas feministas, personas trans, trabajadoras sexuales y miembros de la comunidad LGBT+.
El contingente inició su recorrido a las 17:40 horas desde la calle 50 del Centro de Mérida y avanzó por la calle 47, el llamado Paseo Gastronómico, para incorporarse posteriormente a Paseo de Montejo. La movilización concluyó alrededor de las 19:00 horas en el Monumento a la Patria, donde se realizaron intervenciones y mensajes dirigidos a las autoridades estatales. La dispersión de las manifestantes comenzó cerca de las 20:30 horas.

De acuerdo con el informe, desde las primeras horas del día se registró un operativo de vigilancia encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, con participación de la Policía Estatal de Investigación y elementos de la policía municipal del Ayuntamiento de Mérida. El despliegue incluyó el cierre de calles en los alrededores de Paseo de Montejo y la presencia de policías en puntos estratégicos de la zona.
Durante la concentración inicial se observaron algunos elementos de la policía municipal en los alrededores del Parque de la Mejorada, aunque posteriormente se retiraron. A lo largo del recorrido, la presencia policial directa fue limitada y se mantuvo mayormente a varias cuadras del contingente.
En contraste, el informe documenta diversos mecanismos de vigilancia durante la movilización. Entre ellos, el uso de al menos cinco drones que sobrevolaron la zona, algunos operados por medios de comunicación y otros por corporaciones de seguridad. Dos de estos dispositivos permanecieron sobre el Monumento a la Patria, uno de gran tamaño que se mantuvo prácticamente fijo y otro que realizó tomas cercanas de las manifestantes.
También se registró la presencia de personas vestidas de civil con características similares a elementos policiales. Estas personas merodeaban la zona de la protesta sin portar uniformes ni insignias, pero hacia el final de la manifestación se agruparon y se colocaron chalecos reflejantes similares a los utilizados por agentes de seguridad.
La organización también reportó la presencia de individuos con radios y audífonos que se desplazaban por distintos puntos de la movilización tomando fotografías y video, a quienes identificó como posibles informantes o “orejas” de las autoridades. Además, alrededor de las 18:20 horas se observó una camioneta con vidrios polarizados y placas no visibles estacionada cerca del Palacio Cantón, vehículo que, según el informe, coincide con los que suele utilizar la Policía Estatal de Investigación.
Uno de los puntos centrales del reporte es la instalación de vallas metálicas alrededor de monumentos y edificios históricos entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de marzo. Entre los sitios blindados estuvieron la Catedral de Mérida, el Ateneo Peninsular y el Palacio de Gobierno de Yucatán, así como diversos monumentos del Centro histórico.
Para Kanan Derechos Humanos, esta medida constituye una forma de censura previa, ya que busca impedir de antemano intervenciones simbólicas en el espacio público como las pintas o la iconoclasia, expresiones que forman parte del derecho a la protesta.
Durante la llegada del contingente al Monumento a la Patria se realizaron pronunciamientos contra la instalación de vallas y posteriormente algunas manifestantes derribaron las estructuras metálicas colocadas alrededor del monumento. Tras este hecho, los elementos policiales que se encontraban dentro del perímetro se retiraron del lugar.
El informe también señala la presencia de decenas de hombres dentro de la movilización, pese a que las marchas del 8 de marzo suelen ser separatistas. Según la organización, algunos de ellos intentaron intimidar a mujeres que realizaban intervenciones o tomar fotografías de las manifestantes. En algunos casos se solicitó apoyo a agentes de seguridad para atender estas situaciones, pero las peticiones no fueron respondidas.
Pese al despliegue de vigilancia y seguridad durante la jornada, la organización no documentó detenciones relacionadas con la protesta.
En su análisis, Kanan Derechos Humanos también se refiere al debate que cada año surge en redes sociales en torno a las pintas realizadas en monumentos. El informe sostiene que estas intervenciones deben entenderse como actos de iconoclasia, es decir, acciones políticas que buscan cuestionar símbolos del poder público para denunciar la violencia estructural contra las mujeres.
La organización advierte que cuando el debate público se centra exclusivamente en el daño al patrimonio material se corre el riesgo de invisibilizar las causas que motivan la protesta. En ese sentido, subraya que las misiones de observación ciudadana permiten documentar las condiciones en que se desarrollan las movilizaciones y contribuir a que el ejercicio del derecho a la protesta se realice en condiciones más seguras y respetuosas de los derechos humanos.
