Yucatán no puede esperar: la dignidad humana exige políticas efectivas y presupuesto suficiente
Al rendir su informe anual, la presidenta de la CODHEY, Guadalupe Méndez Correa dijo que la protección de los derechos humanos requiere acción concreta, presupuestos suficientes y políticas efectivas.
Por David Rico
Mérida, Yucatán, a 25 de febrero de 2026.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) presentó su Informe Anual 2025 ante el Congreso local con un mensaje contundente: la dignidad humana no puede quedarse en discurso; exige acción concreta, políticas efectivas y presupuesto suficiente.
Guadalupe Méndez Correa, presidenta de la CODHEY, advirtió que la mayor amenaza a los derechos humanos es la indiferencia y que la historia juzgará a las autoridades por lo que transformen en la vida cotidiana de las personas, no por palabras vacías.
“Hoy, Yucatán puede elegir diálogo, prevención y transformación sobre imposición, reacción y castigo”, afirmó.
Durante 2025, la CODHEY recibió 140 quejas, de las cuales 131 fueron calificadas como presuntas violaciones a derechos humanos. Entre los principales hechos denunciados destacan:
Detenciones arbitrarias y uso indebido de la fuerza; maltrato físico, verbal y psicológico; misión de protección a la integridad personal; amenazas e intimidación; casos de vulneración al derecho a la vida en cárceles municipales
Entre las autoridades más señaladas se encuentran la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Fiscalía General del Estado de Yucatán, Secretaría de Educación del Estado, Ayuntamientos de Valladolid, Oxkutzcab, Timucuy y Tzucacab
Méndez Correa advirtió que estas violaciones no son incidentes aislados, sino parte de patrones de violencia y discriminación estructural que afectan a mujeres, personas LGBTI+, comunidades racializadas, personas con discapacidad y juventudes.
“La dignidad humana debe convertirse en práctica cotidiana. Esa responsabilidad es de todas, todos y todes”, enfatizó.
Durante el año, la CODHEY emitió 16 recomendaciones dirigidas a 19 autoridades, con el objetivo de reparar daños y prevenir nuevas violaciones. La presidenta exhortó al cumplimiento inmediato de estas medidas, recordando que el objetivo no es acumular expedientes, sino transformar realidades.
“La obligación del servicio público es pasar del discurso a la acción, con decisiones valientes, presupuestos suficientes y políticas efectivas”, recalcó.
La CODHEY fortaleció su Unidad de Igualdad de Género, capacitando a más de 3,400 personas, y consolidó la colaboración con más de 120 organizaciones de sociedad civil. Además, impulsa la justicia restaurativa, acompañando a las víctimas y actuando directamente sobre las causas estructurales que perpetúan la desigualdad.
“Si las causas de la desigualdad son estructurales, nuestra respuesta también debe serlo. Es momento de decisiones valientes y acción concreta para que la dignidad deje de ser discurso y se convierta en realidad en Yucatán”, concluyó Méndez Correa.
