Política y Gobierno

Abigail Uc propone proteger a comunidades mayas de impactos extractivos

La iniciativa de la diputada de MC busca garantizar información, participación y consulta ante proyectos de bancos de materiales pétreos.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, a 21 de noviembre de 2026.- La diputada de Movimiento Ciudadano, Abigail Uc Canche, presentó una iniciativa para reformar el Artículo 7 Bis de la Constitución de Yucatán, con el propósito de garantizar la participación y protección de las comunidades mayas frente a proyectos de exploración y explotación de materiales pétreos que puedan afectar sus territorios.

La propuesta plantea que las comunidades, a través de sus instituciones representativas, participen en los procesos de información y toma de decisiones relacionados con estas actividades, cuando puedan generar afectaciones a sus recursos naturales, viviendas, salud, medios de subsistencia y patrimonio biocultural.

Al presentar la iniciativa, la legisladora señaló que habitantes de localidades como Yaxcopoil, Xcucul Sur, Tebec y Hotzuc, así como de otras comunidades de Umán y distintos municipios, han manifestado inconformidad por situaciones como daños a viviendas, polvo en el ambiente, tránsito constante de vehículos pesados y pérdida de vegetación.

Uc Canche sostuvo que, aunque existen disposiciones ambientales y normas técnicas, es necesario elevar la protección de las comunidades a rango constitucional, para establecer obligaciones claras para las autoridades en materia de vigilancia, evaluación de impactos y atención oportuna ante posibles riesgos.

Entre los planteamientos de la iniciativa está garantizar que las personas reciban información clara, accesible y oportuna sobre los proyectos, también en lengua maya cuando corresponda, antes de que se tomen decisiones o se produzcan afectaciones irreversibles.

Asimismo, propone garantizar la participación efectiva de las comunidades y el respeto al derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada cuando sea jurídicamente exigible. También contempla acciones de prevención, vigilancia, restauración y reparación de daños.

La diputada aclaró que la iniciativa no pretende prohibir toda actividad extractiva ni desconoce la importancia de los materiales pétreos para la construcción y la infraestructura, sino establecer un equilibrio en el que los derechos humanos, la dignidad de las personas y la protección ambiental sean indispensables.

“Las comunidades mayas y rurales no pueden seguir siendo vistas como territorios disponibles para la explotación, mientras sus habitantes quedan al margen de las decisiones que transforman su entorno”, expresó.

Finalmente, señaló que el territorio maya está ligado a actividades como la milpa y la apicultura, así como al monte, la historia y la vida cotidiana de las familias, por lo que no puede considerarse únicamente una superficie disponible para la explotación.

Sostuvo que el desarrollo de Yucatán también debe medirse por la calidad de vida de quienes habitan los territorios donde se realizan estas actividades y construirse escuchando y respetando a sus comunidades.

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