Alertan retroceso en justicia ambiental en Yucatán por caso Bachoco
Organizaciones advierten que el Tribunal Colegiado Penal y Administrativo de Yucatán podría desechar un amparo de comunidades mayas contra una granja avícola en Peto sin analizar el fondo del caso.
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 10 de junio de 2026.- Organizaciones de derechos humanos, colectivos ambientales, ejidos y comunidades mayas de la Península de Yucatán hicieron un llamado al Poder Judicial de la Federación para evitar lo que consideran un posible retroceso en el acceso a la justicia ambiental, ante una resolución en estudio relacionada con una granja avícola de Bachoco en el municipio de Peto.
La preocupación se centra en el Amparo en Revisión 47/2025, que analiza el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Estado de Yucatán, vinculado con las autorizaciones otorgadas al proyecto avícola Akutzá, promovido por la empresa Bachoco en una zona colindante con Quintana Roo.
De acuerdo con las organizaciones, el proyecto de resolución plantea desechar un juicio promovido desde 2023 por comunidades mayas y ejidos de Quintana Roo, acompañados por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), quienes buscan impugnar permisos ambientales y de construcción relacionados con la granja.
Los promoventes sostienen que el criterio planteado les exigiría acreditar afectaciones ambientales antes de que el tribunal estudie el fondo del asunto, lo que consideran una carga probatoria excesiva para comunidades indígenas y núcleos agrarios.
Las comunidades y organizaciones afirman que la preocupación no se limita al proyecto en sí, sino a los posibles impactos ambientales en una región considerada especialmente vulnerable. Señalan que el acuífero de la Península de Yucatán, debido a la naturaleza kárstica del suelo, facilita la filtración de contaminantes hacia el manto freático, cenotes y ríos subterráneos. Además, destacan la cercanía del proyecto con la Laguna de Chichankanab, un humedal de importancia internacional protegido bajo la Convención Ramsar.
De confirmarse el criterio planteado en el proyecto de sentencia, advirtieron, el caso podría cerrarse definitivamente sin que se determine si la granja genera o no afectaciones ambientales, lo que a su juicio limitaría la posibilidad de prevenir daños antes de que ocurran.
Las organizaciones también señalaron que la propuesta se apartaría de criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en mayo pasado reconoció el interés legítimo de comunidades mayas para acudir a los tribunales en defensa de sus derechos colectivos, su territorio y el medio ambiente frente a decisiones gubernamentales que puedan afectarles.
Añadieron que el proyecto Akutzá contempla una granja de producción de huevo incubable en una superficie cercana a las 300 hectáreas en el municipio de Peto y que el caso ocurre en un contexto de expansión de las industrias avícola y porcícola en la Península de Yucatán, actividades que han generado diversos conflictos socioambientales relacionados con el uso y la contaminación del agua.
Para los colectivos, la resolución tendrá implicaciones que van más allá de este proyecto en particular, ya que podría sentar un precedente sobre las condiciones que deberán cumplir comunidades indígenas y núcleos agrarios para acceder a la justicia ambiental y cuestionar proyectos con posibles impactos en sus territorios.
Por ello, hicieron un llamado a los magistrados para garantizar el acceso efectivo a la justicia, aplicar los principios de prevención y precaución ambiental, y reconocer el interés legítimo de las comunidades y ejidos que promovieron el recurso legal.
Según las organizaciones, la decisión permitirá definir si las comunidades pueden recurrir a los tribunales para prevenir posibles daños ambientales o si deberán esperar a que éstos ocurran para que sus reclamos sean atendidos por la justicia.
