Autor: Redaccion

Recién el Congreso de Yucatán aprobó elevar el número de diputados y diputadas de 25 a 35, es decir, 10 más, lo que generará, al menos, una carga de más de 11 millones de pesos más al presupuesto, pero la realidad es que los legisladores en la entidad son caros e ineficientes pues el Legislativo local está en los últimos lugares de las 32 entidades en eficiencia.
Incluso, de acuerdo con el INEGI, hay congresos en otros estados, con igual número de legisladores e incluso con menos, y que mantienen una eficiencia mucho más alta. Además, la mayoría de las iniciativas que aprueban son las que envía el Ejecutivo.
El Legislativo local se ubica en los últimos lugares, en eficiencia, en la posición 27 de 32 y, si bien pudiera pensarse que los números están en relación al número de legisladores, no es así.
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A través de las redes sociales la senadora Verónica Camino Farjat dio a conocer que solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que promueva una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al ISSTEY, y señaló como autoridades responsables al titular del Ejecutivo, al Congreso del Estado, al titular del Diario Oficial y al IEPAC que se negó a llevar a cabo un referéndum.
Denunció, además, que el gobierno está llevando a cabo amenazas y hostigamiento a los trabajadores de los diferentes niveles, para que no promuevan amparos.

Tan solo un día después de que el Congreso aprobó la modificación constitucional para elevar de 25 a 35 diputados en el Congreso local, propuesta emanada del PRI, este día se publicó el decreto en el Diario Oficial del Gobierno de Yucatán que le da validez al acuerdo y con ello habrá 10 nuevos legisladores y cada uno cobrará más de un millón de pesos al año. ¿Habrá una mejor democracia representativa?