Casi 4 años de omisión: IEPAC ignora mandato y deja sin defensa a pueblos mayas.
Señalan a Moisés Bates Aguilar por discriminación y racismo; suman 3 años y 11 meses de incumplimiento en la instalación de la Defensoría, afectando a pueblos mayas y grupos indígenas.
Por David Rico
Mérida, Yucatán, a 5 de mayo de 2026.- El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán mantiene en incumplimiento una obligación legal desde 2023: instalar la Defensoría Pública de los Derechos Político-Electorales. A casi cuatro años del decreto que la creó, el órgano no existe en la práctica, pese a sentencias firmes que ordenan su puesta en marcha.
“La obligación legal, constitucional y humana de instalar y poner en funcionamiento real y efectivo la Defensoría”.
Así lo recordó Sergio Iván Pereira Gamboa, al dar a conocer la sentencia del 15 de abril de 2026 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que confirmó sin margen de interpretación la responsabilidad del IEPAC.
Personas integrantes de comunidades mayas acusaron que el instituto ha desatendido de forma reiterada los mandatos judiciales, dejando sin acceso a defensa jurídica electoral a sectores históricamente marginados. Señalaron directamente al presidente del organismo, Moisés Bates Aguilar, como responsable de sostener esta omisión.
“El cumplimiento no puede ser simulado. No basta con emitir acuerdos o realizar gestiones administrativas”.
Pereira Gamboa detalló que, pese a los plazos establecidos desde el Decreto 655 de 2023 y a resoluciones posteriores del Tribunal Electoral del Estado, el instituto no ha concretado acciones reales: no hay personal, oficinas ni servicios en operación.
“Dar por cumplida una resolución sin que se haya instalado la Defensoría equivale a dejar sin efecto el derecho mismo que se quería proteger”.
Por su parte, la abogada Bertha Pech Polanco explicó que la Sala Superior determinó que el incumplimiento vulnera directamente el derecho a la tutela judicial efectiva, dejando en estado de indefensión a la comunidad indígena maya.
En el mismo sentido, se advirtió que el caso refleja un problema estructural más profundo dentro del órgano electoral.
“La falta de esta Defensoría genera un riesgo real y concreto de vulneración de los derechos político-electorales de los pueblos históricamente discriminados”.
Durante el posicionamiento, también se acusaron actos de simulación institucional, incluyendo la firma de convenios sin efectos reales y la emisión de acuerdos que no se traducen en servicios.
Además, la Mtra. Pilar Villareal Ramírez subrayó que no existe impedimento presupuestal para cumplir con la ley, ya que para 2026 se cuenta con una asignación de un millón 364 mil 465 pesos destinada a la Defensoría.
“La falta de presupuesto no puede ser una excusa; se deben tomar todas las medidas para cumplir”.
Finalmente, Juan Baas fue tajante al señalar que la exigencia no admite más dilaciones y que habrá vigilancia puntual sobre el actuar del instituto.
“La Defensoría Pública no es un regalo, es un derecho. Su instalación no es opcional: es una obligación”.
La sentencia federal establece que el órgano debe estar funcionando antes del inicio del proceso electoral de 2026. Sin embargo, a la fecha, el IEPAC sigue sin cumplir, en medio de señalamientos de discriminación y racismo institucional hacia pueblos mayas y comunidades indígenas.
“No permitiremos más dilaciones ni excusas”.
