Guardianas digitales enseñan a combatir la violencia cibernética
Proyecto STEM-UADY enseña a jóvenes a combatir el acoso, el bullying y la extorsión en internet.
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Read MoreAl reunirse con representantes de la población LGBTQ+, el candidato a la gubernatura dijo que quiere darle “una mayor visibilidad
Read MoreYa son, por lo menos, seis impugnaciones que se han presentado ante el INE contra la candidatura de la “aliada” Kathia Bolio al Senado, quien usurpa un espacio para la población LGBTQ+.
Read MoreAl poco tiempo de que alzó la voz por las violencias que sufrió en el Juzgado Mixto de Umán, fue cesada por parte de la consejera Mariana Gaber Fernández a manera de represalia.
Read MoreEl Colectivo Pacto por la Primera Infancia hizo un llamado a las candidatas y los candidatos a la Gubernatura de
Read MoreYucatán está entre las entidades que reportaron las tasas más altas de amenazas o sometimiento a los ECOSIG o mal
Read MoreEn Hunucmá la cervecera se lleva el 36 por ciento del agua de todo el municipio, extrae 7.5 millones de
Read MoreEl Instituto Electoral (IEPAC) aprobó un procedimiento para revisar a fondo que candidatos a la gubernatura, alcaldías y diputaciones, no sean violentadores y cumplan con lo que marca la Ley 3 de 3. En próximos días firmarán un convenio con el Poder Judicial.
Read MoreA propuesta de Morena en el Cabildo de Mérida, se logró que el Programa de Apoyo a la Viudez se modificara para poder llegar a más personas, para lo cual se quitó el candado de que solo podían participar quienes tuvieran máximo seis meses de haber enviudado, dejándolo por tiempo indefinido.
Read MoreItzel Loría Poot, es una mujer indígena de escasos recursos y con una larga historia de violencia, quien actualmente se encuentra en prisión tras una sentencia condenatoria de 30 años por un homicidio en defensa propia, por parte de un Tribunal que fue omiso en juzgar con perspectiva de género, en una sentencia injusta, revictimizante y una expresión de violencia institucional por parte del sistema de justicia de Yucatán.
Existen claras y graves omisiones, tanto por parte de la Defensoría Pública del Estado de Yucatán, como por parte del Tribunal que dictó la sentencia.
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