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El 6 de diciembre de 2019 fue asesinado de manera brutal Sergio Serranova, quien recibió 32 puñaladas en cara, cuerpo y cabeza. Pero, a pesar de todas las pruebas, agravantes y la confesión misma del agresor, Braulio L., la jueza María del Socorro Tamayo Aranda reclasificó el delito con carácter de “homicidio en riña con carácter de provocado”. Este miércoles 20 de abril a la 11 de la mañana se celebrará audiencia en el Centro de Justicia Oral de Mérida para dictar sentencia y podría ser dejado en libertad.
La señora Martha Navarro, madre de Sergio Serrano Navarro, conocido en vida como Sergio Serranova, demanda que se haga justicia y se castigue al asesino de su hijo, como lo que fue, un homicidio calificado porque existen todas las agravantes. Señala, además, se trata de un proceso con corrupción, por lo que todo indica que “hay alguien detrás” protegiendo al asesino.

El 15 de abril de 1957 el avión que transportaba a Pedro Infante Cruz cayó de manera trágica en los terrenos donde hoy se encuentra la conocida tienda “La Socorrito”, en el centro de Mérida, y desde entonces esa esquina nunca olvidará a “Pepe el Toro”.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey) abrió ya una carpeta para investigar el acoso y amenazas del que han sido objeto varios periodistas de Yucatán por parte de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial en Yucatán para bajar notas relativas a una ex funcionaria de Gobierno.
Hoy en la mañana uno de los afectados, Félix Bigman, se apersonó en la dependencia para ratificar la queja interpuesta por violaciones a derechos humanos y lamentó que se siga criminalizando a los periodistas en la entidad.

La agrupación Artículo 19 dio a conocer que la Fiscalía General del Estado de Yucatán y la ex Subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Leticia Noemí del Socorro García Maldonado, acosaron judicialmente y criminalizaron a periodistas en Yucatán de los medios Cambio del Sureste, Grillo de Yucatán, Infolliteras, Noticias al Punto, Yucatán al Segundo Y La Noticia Ciudadana.
Les ordenan bajar una nota relativa a la revocación de la pensión a la ex funcionario y que de no hacerlo en 24 horas serán sancionados con amonestación, multa, auxilio de la fuerza pública o arresto hasta por 36 horas.