Comunidades mayas de Xcucul Sur frenan explosiones cerca de sus hogares
Un juez federal ordenó suspender un banco de materiales que operaba con dinamita a menos de 100 metros de viviendas en Xcucul Sur en Umán.
Por Redacción / Fotos Patricio Eleisegui
Umán, Yucatán | 25 de septiembre de 2025.- Pobladoras y pobladores mayas de la comunidad de Xcucul Sur, en el municipio de Umán, lograron que la justicia federal interviniera en su defensa tras interponer una demanda de amparo contra autoridades federales y estatales por la omisión en sus deberes de proteger los derechos al medio ambiente sano, la salud y la vivienda.
La acción legal fue presentada contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) y Protección Civil.
La comunidad denunció que, a menos de 100 metros de sus viviendas, opera un banco de materiales que realiza extracción de piedra mediante detonaciones con dinamita. Esta actividad, aseguran, ha generado graves afectaciones a su salud, sus hogares y al entorno natural que los rodea.
Ante ello, el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán, encabezado por la jueza Mercedes del Sol Hernández Cetina, admitió la demanda y otorgó una suspensión provisional que ordena el cese inmediato de las actividades en el sitio. En su resolución, la jueza advirtió que la operación del banco “podría causar un daño inminente e irreparable a la salud, la vivienda y el medio ambiente sano”, al encontrarse en una zona habitada.
Asimismo, subrayó que este tipo de actividades están fuertemente reguladas por el riesgo social que implican. Con base en las pruebas presentadas, el juzgado determinó que existen indicios de que la operación del banco es ilegal y responsabilizó a SEMARNAT, PROFEPA, SEDENA y a las autoridades estatales involucradas de garantizar que la empresa minera suspenda sus trabajos.
Un modelo extractivo con impactos profundos en Yucatán
El caso de Xcucul Sur pone en evidencia cómo la explotación de bancos de materiales —una forma de minería— opera muchas veces en una zona gris entre la legalidad y la ilegalidad. Estas actividades involucran una red compleja de empresas constructoras, autoridades locales y marcos regulatorios permisivos, a menudo en detrimento de comunidades que ven afectada su salud, su entorno y sus derechos.
No se trata de un hecho aislado. Es la manifestación local de un modelo extractivo que, bajo el discurso del desarrollo, reproduce dinámicas de despojo, deterioro ambiental y vulneración de derechos colectivos en toda la península de Yucatán.
La minería de materiales pétreos no es nueva en la región, pero en los últimos años ha crecido de forma acelerada por la alta demanda de insumos para megaproyectos como el Tren Maya y el desarrollo inmobiliario. Esta situación deja al descubierto la falta de planeación y regulación del crecimiento urbano, intensificando el impacto sobre comunidades y ecosistemas.
