Comunidades mayas denuncian desde CDMX despojo de tierras en Yucatán
Consejos comunitarios de seis localidades advierten que el boom inmobiliario, turístico y agroindustrial amenaza más de 15 mil hectáreas de territorio.
Por Redacción
Ciudad de México a 12 de marzo de 2026.- Representantes de comunidades mayas de Yucatán denunciaron en la Ciudad de México el despojo de amplias extensiones de tierra que, aseguran, han pasado a manos de intereses inmobiliarios, turísticos y agroindustriales con la complicidad de autoridades. La situación, señalaron, se ha intensificado en los últimos años en medio del auge inmobiliario y la expansión de proyectos productivos en la entidad.
La denuncia fue presentada en una rueda de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde integrantes de consejos comunitarios de Dzitnup, Ixil, Kinchil, Molas, Santa María Chi y Sisal informaron que sus comunidades se han organizado para defender el territorio ante lo que consideran intentos de despojo que abarcarían más de 15 mil hectáreas.
Durante su visita a la capital del país, los representantes comunitarios sostuvieron reuniones con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como con organizaciones defensoras del territorio.
En el caso de Dzitnup, comisaría del municipio de Valladolid, el comisario Baldomero Poot Moo informó que la comunidad tomó posesión hace cuatro meses de los cenotes Cenote Xkekén y Cenote Samulá, los cuales, afirmó, fueron expropiados durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y posteriormente concesionados a particulares por 20 años a través del Patronato Cultur.
El representante comunitario denunció además que hace tres semanas fue víctima de un intento de intimidación cuando era seguido por un vehículo desde el cual, aseguró, realizaron disparos al aire. Señaló que años atrás tres pobladores de la comunidad murieron en el contexto de la defensa de estos cenotes.
En Santa María Chi, el comisario municipal Wilberth Alfonso Nahuat Puc explicó que desde hace tres años la comunidad enfrenta afectaciones ambientales y de salud que atribuyen a la operación de una granja porcícola con cerca de 49 mil animales. Indicó que, tras acciones legales emprendidas por la población, la instalación deberá retirar sus animales antes del 30 de abril de 2026, aunque persiste la incertidumbre sobre la remediación ambiental del sitio.
Por su parte, representantes de Ixil señalaron que lograron frenar mediante un amparo su incorporación a la zona metropolitana de Mérida, al considerar que la medida se realizó sin consulta a la comunidad y abre la puerta a un proceso acelerado de urbanización.
En Sisal, integrantes del consejo comunitario denunciaron que el auge inmobiliario se intensificó tras el nombramiento del puerto como Pueblo Mágico, lo que ha provocado venta masiva de tierras y presión sobre ecosistemas como manglares y humedales.
Mientras tanto, en Kinchil se denunció la destrucción de vestigios de la antigua ciudad maya de Tzemé, atribuida a la expansión de la empresa avícola Grupo Crío, pese a denuncias presentadas ante autoridades ambientales y culturales.
Los representantes comunitarios también informaron que en Molas un particular habría reclamado la propiedad de terrenos que abarcan cerca de la mitad de la superficie de la comisaría, incluyendo infraestructura pública y viviendas.
Finalmente, las comunidades convocaron a la población a participar en una marcha el próximo 21 de marzo en Mérida, que partirá del Remate de Paseo de Montejo hacia el Palacio de Gobierno, para exigir la restitución de tierras, frenar proyectos inmobiliarios y agroindustriales y demandar respeto a los derechos de los pueblos mayas.
