Comunidades mayas rechazan consulta y advierten: “¡No en nuestro nombre!”
El Consejo Maya Peninsular por la Autonomía acusa al gobierno federal de conducir una “simulación” y sostiene que el proceso para elaborar la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos no representa a las comunidades ni respeta sus formas de organización y decisión
Por David Rico
Mérida, Yucatán, a 19 de agosto de 2026.- Las comunidades mayas de la península de Yucatán se manifestaron contra el proceso de consulta impulsado por el gobierno federal para la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y lo calificaron de “simulación”, al considerar que no representa a las comunidades ni respeta sus formas propias de organización y decisión.
En un posicionamiento firmado por el Consejo Maya Peninsular por la Autonomía, junto con comunidades, concejos y organizaciones indígenas de la península, se advierte que las reuniones realizadas el pasado 16 de agosto no pueden considerarse representativas, debido a que, según denuncian, no fueron convocadas todas las autoridades indígenas, concejos comunitarios ni liderazgos naturales de las comunidades.
El señalamiento va más allá de la falta de convocatoria. Las comunidades cuestionan que el proceso esté siendo conducido por instituciones del propio Estado, principalmente la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), cuando la propuesta de ley ya fue elaborada antes de consultar a los pueblos.
“Esto no es una consulta. Es una simulación”, sostienen.
De acuerdo con el posicionamiento, desde julio de 2026 el gobierno federal desarrolla un proceso que contempla 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo para recoger opiniones de 16 mil 728 comunidades y 69 pueblos indígenas, además del pueblo afromexicano.
Las comunidades cuestionan que sean las propias instituciones gubernamentales las encargadas de definir la convocatoria, el calendario, el protocolo, los materiales informativos y, finalmente, de sistematizar los resultados que serán enviados al Congreso.
Para el Consejo Maya Peninsular por la Autonomía, una consulta indígena no puede reducirse a reuniones informativas ni a la recopilación de opiniones sobre un texto previamente elaborado.
### No es una consulta libre ni representativa
El posicionamiento sostiene que el proceso incumple los principios de una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
Las comunidades consideran que no es previa, porque el Estado ya redactó la propuesta y, antes de preguntar a los pueblos, ésta fue sometida a instancias creadas por el propio gobierno.
Tampoco sería libre, argumentan, porque las autoridades gubernamentales controlan la convocatoria, los tiempos, las preguntas y los materiales utilizados durante el proceso.
La consideran además insuficientemente informada, debido al corto tiempo para analizar una propuesta de gran alcance, la falta de traducción efectiva a las lenguas indígenas y la ausencia de condiciones para una deliberación amplia dentro de las propias comunidades.
Y cuestionan que sea representativa y culturalmente adecuada, porque las reuniones regionales no sustituyen las asambleas comunitarias ni las formas de organización y autogobierno de los pueblos.
Uno de los principales reclamos es precisamente que los comisarios ejidales o municipales sean utilizados como sustitutos de las autoridades indígenas. El Consejo sostiene que esas figuras responden a estructuras agrarias o administrativas y no representan por sí mismas a las comunidades indígenas en su conjunto.
### El territorio, en el centro de la disputa
La preocupación de las comunidades no se limita al procedimiento.
El posicionamiento advierte que algunos de los contenidos de la propuesta podrían tener consecuencias directas sobre la defensa del territorio, particularmente por la forma en que se plantea determinar cuándo una obra, proyecto o decisión gubernamental debe ser sometida a consulta.
Las comunidades cuestionan que la propuesta deje en manos de instituciones como el INPI y la Secretaría de Gobernación la determinación de cuándo existe un “impacto significativo” que obligaría a consultar a los pueblos.
En la península, advierten, el problema tiene consecuencias concretas: agua, cenotes, granjas porcícolas, agroindustria, megaproyectos, expansión inmobiliaria y las obras vinculadas al llamado Tren Maya forman parte de los conflictos territoriales que enfrentan actualmente las comunidades.
Por ello consideran que limitar la consulta mediante criterios definidos desde el Estado podría convertirse en una vía para reducir su capacidad de defender sus territorios.
“Ratificar este texto sería firmar nuestra propia renuncia. ¡No lo vamos a hacer!”, advierten.
Exigen rediseñar el proceso
Frente a ello, las comunidades exigen que la actual consulta no sea reconocida como una Consulta Previa, Libre e Informada y que el proceso sea rediseñado junto con los pueblos, con tiempos suficientes, traducción a sus lenguas y participación directa de sus propias autoridades y asambleas.
También plantean modificar los artículos 30 y 31 para impedir que el reconocimiento de un pueblo dependa del INPI o del Catálogo Nacional; eliminar las denominadas “áreas estratégicas” y el criterio de “impacto significativo” como filtros para el derecho a la consulta; ampliar el amparo indígena y reconocer expresamente las formas de organización y autogobierno de los pueblos de la península.
Además, reclaman que la consulta tenga carácter vinculante y contemple el derecho al consentimiento, incluido el derecho de las comunidades a decir que no.
El posicionamiento también exige que los derechos reconocidos en la legislación tengan presupuesto directo y etiquetado, en lugar de quedar sujetos a la advertencia de que no habrá recursos adicionales.
“La última palabra la tienen nuestras asambleas”
Las comunidades mayas dejan claro que no están dispuestas a permitir que la participación de unas cuantas personas en reuniones convocadas por el gobierno sea presentada posteriormente como el consentimiento de los pueblos indígenas.
“No dejaremos que una firma arrancada con prisa y sin información se presente ante el país como el ‘sí’ de los pueblos”, señalan.
El mensaje final es una defensa directa de la autonomía comunitaria: la decisión sobre el territorio y la vida de los pueblos mayas, sostienen, no corresponde al INPI ni a la Secretaría de Gobernación, sino a sus propias asambleas.
“¡No en nuestro nombre!”, concluyen.
El posicionamiento fue suscrito por el Consejo Maya Peninsular por la Autonomía, integrado por representantes de Isla Aguada, Isla Arena, Ich Ek, Ixil, Telchaquillo, El Cuyo y el Concejo Indígena Comunitario de San Francisco Suc Tuc, así como por el Concejo Indígena de Gobierno de Pisté de Chichén Itzá, el Colectivo Comunidades por la Autonomía y Fundación Indígenas 3D.
