Continuará la lucha hasta que Ciudad Maderas se clausure definitivamente: Oceransky
El activista y ambientalista denunció intimidación, persecución y uso del sistema judicial contra la defensa del territorio; mañana se realizará audiencia en Ixil por una demanda presentada por las familias Millet y Abimerhi, pero advirtió que, junto con las comunidades, continuará la lucha pese a las presiones.
Por David Rico
Mérida, Yucatán, a 14 de abril de 2026.- El activista y defensor del territorio, Sergio Oceransky, afirmó que continuará las acciones legales contra el proyecto inmobiliario Ciudad Maderas hasta lograr su clausura definitiva, en medio de procesos judiciales que, según señaló, forman parte de intentos de intimidación relacionados con la defensa ambiental y territorial.
“No cesaremos hasta que Ciudad Maderas sea clausurado definitivamente”, declaró.
En rueda de prensa dijo que teme por su vida e integridad luego de que, según señaló, los procesos judiciales promovidos en su contra no han prosperado en tribunales.
“Temo por mi vida y por mi integridad. Los montajes judiciales no han funcionado y ahora la presión continúa”, declaró.
Recientemente, el defensor fue detenido en el estado de Jalisco tras la ejecución de una orden de aprehensión que, de acuerdo con su defensa, se realizó pese a la existencia de una suspensión judicial federal que impedía su cumplimiento. Posteriormente fue liberado luego de que un juez determinara que no existían elementos suficientes para vincularlo a proceso.
Un día después de su liberación, recibió un citatorio para comparecer en una nueva audiencia judicial relacionada con una demanda presentada por integrantes de las familias Millet y Abimerhi por hechos ocurridos en el municipio de Ixil.
La audiencia está programada para realizarse mañana.
Caso Ciudad Maderas
El caso relacionado con el proyecto Ciudad Maderas se remonta a febrero de 2023, cuando se presentó una denuncia ante autoridades ambientales federales por la construcción de un desarrollo inmobiliario en el municipio de Progreso, en una zona de selva cercana a manglares y sistemas lagunares.
De acuerdo con la información presentada en la denuncia, el proyecto contempla la urbanización de aproximadamente 25 mil lotes habitacionales. Posteriormente, un juez federal concedió una suspensión definitiva que ordenaba detener las actividades del desarrollo.
El defensor informó que, a pesar de dicha resolución judicial, continuaron las acciones legales y administrativas relacionadas con el proyecto, lo que derivó en la emisión de una orden de aprehensión en el estado de Jalisco.
“Se ejecutó una orden de aprehensión pese a existir una suspensión federal que impedía su cumplimiento. Finalmente el juez determinó que no había elementos suficientes para vincularme a proceso”, señaló.
Indicó que las acciones legales contra el proyecto continuarán en el ámbito judicial y ambiental.
“La defensa del territorio va a continuar por las vías legales y dentro del marco de la ley”, afirmó.
Sergio Oceransky afirmó que existen todos los elementos técnicos y legales para que el proyecto Ciudad Maderas sea clausurado de manera definitiva debido a los impactos al medio ambiente que, según sostuvo, ya han sido documentados por autoridades y peritajes presentados en procesos judiciales.
Señaló que las afectaciones a la vegetación, al suelo y a los ecosistemas de la zona constituyen violaciones a la legislación ambiental vigente, por lo que insistió en que las autoridades deben aplicar la ley y proceder con la clausura del desarrollo.
Demanda de las familias Millet y Abimerhi y audiencia en Ixil
De manera paralela, el defensor enfrenta un segundo proceso judicial derivado de una demanda presentada por integrantes de las familias Millet y Abimerhi en relación con tierras ubicadas en el municipio de Ixil.
Oceransky sostuvo que el caso relacionado con las tierras de Ixil carece de sustento jurídico y afirmó que se trata de un intento de intimidación mediante el uso del sistema judicial.
“Se trata de un montaje judicial. No hay argumentos ni pruebas que justifiquen este juicio”, declaró, al señalar que la audiencia programada para mañana forma parte de un proceso que, según dijo, busca presionar a quienes participan en la defensa del territorio.
El conflicto se originó en 2012, cuando personas vinculadas a estas familias intentaron ingresar con maquinaria a terrenos que, según habitantes de la comunidad, han sido utilizados históricamente para la agricultura tradicional.
Tras ese hecho, se presentó una denuncia penal en la que se acusa a integrantes de la comunidad y al defensor de haber despojado a los denunciantes de dichas tierras.
El proceso fue reactivado recientemente y se programó una audiencia judicial que se realizará mañana.
La defensa solicitó la realización de un peritaje por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para determinar la relación histórica de la comunidad con las tierras en disputa y documentar su uso agrícola.
“Solicitamos que se permita realizar el peritaje para que el proceso cuente con información técnica sobre la relación de la comunidad con el territorio”, indicó.
Durante la audiencia se prevé solicitar formalmente el diferimiento del procedimiento hasta contar con los resultados de dicho peritaje.
