Crisis en el Poder Judicial: sobrecarga laboral y plazas para amigos de la presidenta
El Sindicato Progresista denunció que la gestión de Carolina Canto Valdés se caracterizó por la explotación del personal, rezago en expedientes y creación de cien puestos con altos sueldos para sus allegados.
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 28 de agosto de 2025.- El Sindicato Progresista advirtió que la magistrada presidenta María Carolina Silvestre Canto Valdés dejará un Poder Judicial al borde del colapso, marcado por pésimas condiciones laborales, rezago en miles de expedientes y sobreexplotación del personal, pero también por la creación de más de un centenar de plazas con sueldos que alcanzan hasta los 50 mil pesos para personas afines a su gestión.
En rueda de prensa, la secretaria general del sindicato, Luisa Inés Martín Puc, afirmó que durante los últimos tres años alzó la voz para defender los derechos laborales de la base trabajadora, sin embargo, la administración de Canto Valdés concluirá con graves pendientes y obstáculos para su sucesora, Erika López Torres, quien asumirá la presidencia el próximo 1 de septiembre.
“La magistrada entregará un sistema de justicia a punto de colapsar, con una carga inhumana de trabajo para el personal jurisdiccional y administrativo, además de un rezago de expedientes que afecta a abogados litigantes y usuarios”, señaló.
Falta de personal y sobreexplotación
Martín Puc expuso que en los Juzgados Primero y Segundo de Control apenas hay ocho notificadores para atender la carga de nueve juzgados, además de cubrir vacaciones, incapacidades y ausencias, incluso en sedes foráneas. Algo similar ocurre en la Central de Actuarios, donde laboran 29 para 37 juzgados familiares, mercantiles y civiles.
Los trabajadores, agregó, cumplen jornadas de más de 12 horas, llegan antes de su horario y se retiran a las 9 o 10 de la noche, sin pago de horas extras ni viáticos. “Aun así, sacan adelante el trabajo, aunque eso signifique no poder convivir con sus familias”, puntualizó.
La lideresa también denunció que en el Juzgado Mixto de Izamal no hay ni un solo Técnico Judicial ni Secretarios de Estudio y Cuenta, por lo que los Asistentes Legales realizan labores de sentencias con un salario de apenas 5 mil 400 pesos quincenales, mientras que un Proyectista gana tres veces más.
Nepotismo y plazas a modo
El Sindicato consideró un “insulto a la carrera judicial” que en dos listas recientes de concursantes a Secretarios Auxiliares no se haya contratado a los trabajadores a pesar de existir vacantes. Por el contrario, se crearon categorías de Asistente Legal, Asistente de Servicios Generales, Ayudante de Archivo y Auxiliares Administrativos con sueldos bajos, pero a quienes se les obliga a cumplir funciones de Técnicos Judiciales.
A ello se suma que en mayo pasado se entregaron más de 100 basificaciones, negadas a trabajadores con trayectoria, y otorgadas en su mayoría a personas cercanas a directivos o con apenas dos meses de labor. “Hubo amiguismo, nepotismo e intereses políticos en esas decisiones”, acusó.
Lo más grave, señaló, es que paralelamente se crearon alrededor de cien plazas directivas con salarios de hasta 100 mil pesos, ocupadas por allegados a la presidenta saliente. “Mientras la base trabajadora vive explotación y bajos salarios, los cargos de privilegio se distribuyeron entre sus cercanos”, denunció.
Asamblea sindical
Finalmente, Martín Puc informó que el próximo sábado 30 de agosto encabezará la Asamblea General Extraordinaria del Sindicato Progresista, donde se discutirá la aprobación para demandar el registro del gremio como sindicato mayoritario del Poder Judicial.
