Denuncian ante la ONU toxificación ambiental en la Península de Yucatán
Organizaciones entregaron un informe al relator especial de la ONU sobre impactos de la agroindustria y la porcicultura en comunidades mayas y acuíferos.
Por Redacción
Mérida, Yucatán, a 16 de marzo de 2026.- El Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A.C. informó, a través de un comunicado, que organizaciones civiles y académicos de la región presentaron ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, un informe sobre los procesos de contaminación que afectan a la Península de Yucatán.
De acuerdo con el documento, en la reunión participaron también la Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán y la Fundación para el Debido Proceso, quienes entregaron el informe titulado “La toxificación de la península de Yucatán”.
El informe analiza los efectos de diversos modelos económicos implementados en Yucatán y Campeche, particularmente la agroindustria, la industria porcícola y la extracción de materiales pétreos, los cuales han generado contaminación del agua, el suelo y el aire, con impactos en los ecosistemas y en comunidades mayas.
El texto documenta el uso intensivo de plaguicidas altamente peligrosos, algunos prohibidos en otros países, así como fumigaciones aéreas en monocultivos como la soya y la expansión de la porcicultura. Estas prácticas han provocado la muerte masiva de abejas y representan riesgos para la salud humana.
También advierte que las condiciones kársticas de la península facilitan la filtración de sustancias tóxicas hacia los acuíferos subterráneos, que constituyen la principal fuente de agua en la región.
El comunicado señala que estas actividades han derivado en la conformación de “zonas de sacrificio” en territorios habitados por pueblos mayas, donde además de la exposición a contaminantes se registran violaciones a derechos humanos, entre ellas la ausencia de consulta previa, libre e informada, obstáculos en el acceso a la justicia y la criminalización de la protesta comunitaria.
Ante esta situación, comunidades, organizaciones y especialistas plantearon la prohibición de plaguicidas altamente peligrosos, el reconocimiento de cenotes y abejas como sujetos de derechos, la protección de los acuíferos kársticos y la adopción de medidas preventivas para garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
