¡El agua no se vende, el agua se defiende!

En la declaratoria del Festival por el Agua Sagrada en Yucatán se demandó que las autoridades de Yucatán frenen el modelo de crecimiento expansivo sin planeación, ni previsión, y devastador. Ante la nula acción del gobierno, en este sentido, las organizaciones de la sociedad civil refrendaron su derecho a la organización y defensa del agua y del territorio.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 11 septiembre de 2022.- El Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán señaló que, ante la nula acción de las autoridades de los tres niveles de gobierno por escuchar, aceptar y resolver los problemas socio hídricos y ambientales de Yucatán, la vía es la participación y la auto organización para defender el agua y el territorio de la entidad.

Como parte de la declaración del Festival por el Agua Sagrada en Yucatán señalaron que se están conformando grupos promotores del agua en comunidades, como Mérida, Hunucmá, Uayalceh, Kinchil y Celestún, para participar en una contraloría social autónoma del agua en Yucatán, que pueda promover la educación, participación y conciencia.

“Y que pueda servir como frente común para ir resolviendo los problemas sociales, hídricos y ambientales, desde las comunidades”, señalaron.

“Vemos con preocupación que, durante las tres últimas décadas, la biodiversidad, clima y ubicación privilegiada de la Península de Yucatán han sido objeto de apropiación y depredación sin medida por parte de intereses empresariales insaciables, nacionales e internacionales, con la complicidad del gobierno en turno”, agregaron.

Señalaron que en Yucatán cada año se deforestan 20 mil hectáreas, con una proyección de amenaza a la selva y esta voraz extracción forestal no es detenida ni en los territorios con estatus de áreas protegidas, donde se sigue autorizando la instalación de proyectos como mega granjas de cerdos y aves, desarrollos inmobiliarios y de turismo masivo, así como agroindustria, monocultivos, refresqueras y cerveceras.

De las problemáticas que están generando estos proyectos, señalaron: la invasión del agua salada a fuentes de agua dulce en las comunidades costeras de Hunucmá; la contaminación por descarga diaria al acuífero de millones de litros de heces y orines, que envenenan el agua, el suelo y aire de las comunidades de Kinchil, Celestún, Uayalceh, Hunucmá, Maxcanú, Chapab, Sitilpech y otras comunidades.

Además, la contaminación del acuífero con plaguicidas y el glifosato que causan enfermedades cancerígenas en la población de las comunidades del sur y del oriente de Yucatán; la descarga de aguas residuales pestilentes sin tratar por las grandes industrias inmobiliarias y turísticas de las zonas costeras del estado.

“El marcado enfoque mercantil de las políticas públicas que han predominado desde hace muchos años están poniendo cada vez en mayor riesgo el equilibrio de nuestros ecosistemas y violentando una y otra vez los derechos humanos de la población y del derecho humano al agua, al medio ambiente sano, a la salud, a la libre determinación y a la participación en la toma de decisiones en los asuntos públicos”, señalaron.

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